Acostumbrados a las recurrentes crisis, los argentinos hemos incorporado a nuestra habla cotidiana una infinidad de vocablos vinculados a la economía que en la gran mayoría de los países están reservados casi con exclusividad a los técnicos: inflación, cotización del dólar, PBI, especulación financiera, mercado interno, recesión, apertura de las importaciones, convertibilidad, dolarización, retenciones a las exportaciones…
Es el “triunfo” de los economistas, que no solo ocupan cargos importantes en el gobierno, sino que además pontifican desde los medios de comunicación las virtudes de un modelo económico, mientras defenestran otros con énfasis similar. Conceptos que la gente común suele repetir como verdad revelada.
La ubicación de los economistas en el centro de la escena política es un “mérito” de Domingo Cavallo, que durante casi la mitad de la década del noventa ostentó el rango de superministro, y un rol que competía en importancia con el del propio presidente Carlos Menem. En ese carácter retornó al gobierno de Fernando de la Rúa, pero se tuvo que ir, derrotado y a las apuradas, en medio de la crisis de diciembre de 2001. Aquel fracaso estruendoso, sin embargo, no impidió que continuara hasta hoy dando conferencias y asesorando sobre aspectos de la coyuntura financiera de la Argentina.
La pretendida solvencia profesional de los economistas parece reservada a la teoría y a los diagnósticos sobre las causas de nuestras desgracias como país. Pero puestos a formular prospectivas sobre la evolución de los indicadores macro o micro económicos, arriesgan pronósticos que por lo general no se condicen con lo que finalmente sucede en la realidad. Ni hablar cuando son convocados a formar parte de un equipo de gobierno: allí, salvo excepciones, corroboran que es mucho más fácil argumentar desde un estudio de televisión o un salón de conferencias que tomar decisiones desde un ministerio. El caso del actual ministro Nicolás Dujovne es paradigmático en ese sentido.
Razonamiento similar puede aplicarse a los empresarios, cuyo éxito en la actividad privada no es garantía en absoluto de que sus logros se trasladen a la gestión pública.
Nadie podría objetar la eficiencia de los actuales funcionarios nacional en su función como gerentes o CEOs de empresas en el ámbito privado, pero sí en lo que respecta al rol de administradores del Estado.
Así como para los economistas es mucho más sencillo analizar y diagnosticar que administrar en el sector público, del mismo modo es más fácil para los ejecutivos conducir sus empresas que ejercer cargos gubernamentales.
Es que resulta imposible prescindir de la política cuando se gobierna. La labor de los técnicos está destinada al fracaso sin la mediación de la política, porque allí donde los técnicos solo ven números, la dirigencia política tiene la obligación de ver –aunque no siempre lo consigan- personas que sufren y pagan altos costos cada vez que desde el poder se comete un error o se toman medidas de alto costo social.
No está mal recordar –particularmente en estos tiempos en que son los técnicos del FMI los que inciden directamente en las políticas nacionales- que la forma de gobierno vigente no es la tecnocracia, sino la Democracia.