EDITORIAL

Socios en el ajuste

martes, 11 de septiembre de 2018 · 04:00

Nunca la negociación entre Nación y provincias tuvo tanta importancia como la de estos días, en la que se discuten los lineamientos generales del Presupuesto nacional 2019. Es que es el primer presupuesto luego del acuerdo de la Argentina con el FMI, y el gobierno debe exhibir ante el organismo, y ante los operadores financieros que mueven el precio del dólar prácticamente sin control, un acuerdo lo más monolítico posible con los mandatarios provinciales.  

El gobierno aspira a lograr en la reunión de esta tarde una fotografía en la que estén presentes autoridades de todas las provincias, o la gran mayoría de ellas, como si esa imagen representase en sí mismo un respaldo político al proyecto oficial.

En Casa Rosada saben que cuentan con el apoyo de las provincias gobernadas por Cambiemos. Los gobernadores de la oposición, mientras tanto, se debaten entre convalidar un proyecto al que no conocen en sus detalles y que a grandes rasgos contiene un fuerte ajuste en los gastos, o postergar la decisión del apoyo hasta que tengan mayores precisiones, es decir, hasta que tengan una copia en sus manos. 

Aun los más opositores son conscientes de que un rechazo de las provincias al diseño general del presupuesto tendría un impacto político demoledor para un gobierno frágil, golpeado por la fuerte devaluación ocurrida en los últimos meses y que necesita del respaldo opositor para “calmar a los mercados”. Y que la vulnerabilidad nacional puede rápidamente transmitirse a provincias y municipios, si la crisis, ya de por sí muy preocupante, se agrava. 

Algunas provincias, entre ellas Catamarca, arriban a esta reunión ostentando administraciones prolijas, que hasta ahora le han permitido sortear la crisis sin grandes turbulencias. Incluyendo a nuestra provincia, ya llegan casi a una decena las jurisdicciones que tiene superávit en sus cuentas públicas. El sueño de Nación es alcanzar el año que viene el equilibrio financiero antes de pago de intereses de la deuda. Es decir, el objetivo más ambicioso del gobierno central está lejos del logro ya alcanzado por casi la mitad de los estados provinciales.

En ese contexto, no son pocos los gobernadores que se plantean si vale la pena arriesgar ese equilibrio, delicado pero equilibrio al fin, en aras de dotar de cierto margen de gobernabilidad a la administración nacional. Es que el fuerte ajuste que se plasmará en el presupuesto amenaza con fuertes resistencias sociales y una caída pronunciada de la actividad económica, que pone en riesgo la paz social. Y son las provincias y los municipios los que, por su cercanía con las demandas ciudadanas, deberán dar las respuestas en una previsible situación de emergencia.

Lo más probable es que prime la posición que se inclina por permitirle al gobierno nacional la foto que le exigen el Fondo y esa entelequia llamada “mercados financieros”. Es decir, aceptar ser socios en el ajuste. A cambio, las provincias tienen la oportunidad de negociar algunos beneficios que compensen los recortes que ya se vienen produciendo y que se profundizarán en el futuro.


 

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