|| CARA Y CRUZ ||

Encubriendo curas bajo sospecha

jueves, 30 de agosto de 2018 · 04:03

En la muy católica Irlanda, el Papa Francisco recibió la muestra quizás más contundente de repulsa a los abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Por primera vez un jefe de Estado forzó la diplomacia protocolar y le hizo recriminaciones públicas al respecto. El premier Leo Varadkar le exigió garantizar justicia a las víctimas de ultrajes cometidos por miembros del clero. "Las heridas siguen abiertas y hay mucho por hacer para que las víctimas y los supervivientes obtengan justicia, verdad y curación. Santo Padre, le pido utilizar su posición y su influencia para que esto se haga aquí en Irlanda y en el mundo entero", le dijo. Francisco reincidió en la admisión de que "el fracaso de las autoridades eclesiásticas al afrontar adecuadamente estos crímenes repugnantes ha suscitado justamente indignación y permanece como causa de sufrimiento y vergüenza para la comunidad católica”.


Justicia, verdad y curación no provendrán de meros actos de contrición. No solo el premier lo consignó en Irlanda: hubo una masiva manifestación de repudio a la conducta de la Iglesia frente a los abusos sexuales perpetrados por sus miembros en Dublín, a pocos kilómetros de donde Francisco celebraba misa ante otra multitud. Esta expresión de rechazo se inscribe en un contexto marcado por la pronunciada reducción de la feligresía católica y el consenso popular, impensable allí hasta hace muy poco, alcanzado por decisiones políticas en abierta contradicción con la prédica eclasiástica: el primer ministro Varadkar es homosexual declarado y el matrimonio homosexual y el aborto son legales. Con todo, Francisco es implacable en su condena a los abusadores y, si bien puede reprochársele la ausencia de sanciones y acciones institucionales tendientes a reparar el perjuicio provocado a las víctimas, al menos no los apaña.


En cambio, la Iglesia catamarqueña conducida por Luis Urbanc proporciona amparo a sus abusadores. Dos casos cuya resolución se dilata en tribunales y fueron incorporados a la Red Nacional de Abusos Eclesiásticos exponen una conducta del Obispado no solo tolerante, que ya es grave, sino cómplice. Renato Rasguido está acusado de violar a un adolescente mientras se desempeñaba como párroco en Andalgalá; y Juan de Dios Gutiérrez de abusar de una menor aprovechando su condición de cura en Belén. Es seguro que, de no ser sacerdotes, ambos estarían ya purgando merecidas condenas por sus deleznables faltas, pero permanecen en libertad, protegidos por el Obispado, que les proporciona fueros. La madre de la chica violada por Gutiérrez reveló que Urbanc le dijo que no creyera en la justicia terrena, porque la justicia la iba a impartir él. La madre del joven ultrajado por Rasguido aseveró que la Iglesia le ofreció dinero para callar. Cuesta encontrar justificativos para esta pasiva conducta del Obispo en tema tan serio y condenado por el mismo Papa Francisco, sobre todo si se la contrasta con el énfasis de sus pronunciamientos en otros asuntos como el de los puesteros de La Gruta. Mientras los sacerdotes y obispos abusadores escandalizan al mundo entero y precipitan la dura reacción verbal del Papa, en Catamarca la Iglesia sigue encubriendo presuntos pederastas.

 

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