La discusión por las tarifas en el Congreso fue una puesta en escena pactada por Cambiemos con al menos una parte de la oposición, cuyos integrantes se encontraron en la coyuntura para sumar a los costos que el presidente Mauricio Macri paga por los aumentos la pesa de una derrota parlamentaria.
Reglas del juego político ya en el embudo hacia las elecciones del año que viene. El Gobierno nacional las admitió cuando anticipó que vetaría la ley. Aunque sus operadores maniobraron hasta último momento para que la iniciativa naufragara en el Senado, tenía anotadas en su balance pérdidas que sus antagonistas anotaron en los suyos como utilidades.
El impacto electoral negativo de la política tarifaria empujó a Cambiemos, primero, a adecuar sus relaciones internas revalorizando los roles del radicalismo y la Coalición Cívica de Elisa Carrió, luego de que ambas facciones objetaran los incrementos. Hecho esto, la alianza Cambiemos volvió a soldarse para dar la batalla en el Parlamento sin fisuras.
El paso siguiente fue tratar de incorporar entre los justificadores del “tarifazo” al peronismo no kirchnerista –los herbívoros- pero la operación fracasó.
Es indicativo el comportamiento de los gobernadores tras la corrida que obligó al acuerdo con el FMI.
El primer ajuste informado por la Nación fue la restricción de los fondos destinados a la obra pública, que son la divisa de negociación con los mandatarios provinciales. De modo que los límites impuestos por unos gastos públicos cuyo financiamiento demanda reciclar el crédito externo porque la economía no se reactiva, se superpusieron los límites para acordar con los jefes territoriales del peronismo ciertos impuestos por la merma de recursos para financiar obra pública. No solo el equipo económico padece de escasez. A diferencia de lo que ocurrió con, por ejemplo, la reforma previsional, la Casa Rosada no tenía qué ofrecer a los gobernadores del peronismo a cambio de que se sacrificaran para respaldar el tarifazo.
De ahí el pacto, explícito o tácito, lo mismo da. Si el Gobierno nacional vetaría, los animadores de la ley no tenían necesidad de explicar de dónde saldría el dinero para solventar la continuidad de los subsidios. Les bastaba con enunciar el rechazo. De modo que en el Congreso la oposición clamó por la insensibilidad gubernamental, mientras los oficialistas insistían con que el tarifazo es indefectible porque no es posible mantener el nivel de los subsidios legados por el kirchnerismo. Macri, por su parte, repuso la amenaza del retorno kirchnerista al precio de ser acusado de “machirulo” por el senadora nacional y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, vetó la ley casi antes de que se sancionara, se quejó por la irresponsabilidad de la oposición y de inmediato inició las gestiones para restaurar vínculos con los gobernadores del peronismo herbívoro, como se deduce de sus incursiones por Salta y Santiago del Estero.
El argumento de Macri postula un destino común a los gobernantes, que tienen obligaciones administrativas indelegables. Si el barco de la gobernabilidad naufraga, no solo naufragarán los integrantes de Cambiemos, sino también quienes deben asegurar en sus distritos las cadenas de pagos. No es probable que los botes alcancen para todos.
El diseño electoral general de Cambiemos no ha variado: alargar distancias en provincia de Buenos Aires, mantener la balcanización opositora para tratar de impedir un balotaje que amenace su continuidad.
En este marco, queda excluida la alternativa de reducir las asimetrías de los precios que el interior paga por la energía, muy superior al que abonan los usuarios del área metropolitana.
Los representantes de las provincias en la Cámara alta señalaron la inequidad en sus discursos, pero no materializaron la posibilidad de revertirla en un proyecto legislativo concreto.
Lonjazos
Estas fascinantes maniobras de posicionamiento se despliegan, inconfesas, mientras la crisis castiga a amplios sectores sociales despojados, entre otras cosas, de la prerrogativa analítica que tiene la clase política.
En Catamarca, Alpargatas sumó otros 67 despidos en un proceso de declinación más largo que la despedida de Los Chalchaleros. El cierre de Emecor mandó otras 21 personas al desempleo. La estatal PRODUCAT extiende su agonía con la precarización de la situación laboral de sus empleados y las fintas para eludir el pago de contribuciones sociales y tributos. La asistencia social directa, confirmó el Ministerio de Desarrollo Social, se incrementó un 25% desde enero; entre 300 y 600 familias reciben a diario alimentos en bolsones.
Sin embargo, lo que mejor reveló la profundidad del impacto de la crisis en la provincia, y de la evolución que cabe esperar de ella, fue el rezongo de la Cámara de la Construcción por las demoras en los desembolsos nacionales para pagar las certificaciones de obra. El lamento fue precedido por paralizaciones en obras de edificación de viviendas, reclamos de obreros por sueldos atrasados y la revelación del IPV de que Nación adeuda alrededor de 150 millones de pesos.
Debe considerarse que la Cámara de la Construcción agrupa a las firmas con mayor resto económico y financiero para resistir interrupciones coyunturales en los pagos estatales. Cultiva por lo general un perfil muy bajo. Que haya decidido expresar tan públicamente su preocupación es inquietante, pues lleva a suponer que busca asegurar su tajada antes de que las cosas se pongan peor y deba entrar en una pechadera de resultado incierto para cobrar.
Las herramientas del Gobierno provincial para oponer a las restricciones económicas son insignificantes. Mantener relaciones armónicas con la Casa Rosada le resulta más necesario que nunca en tren de conjurar cesaciones de pagos.
La vulnerabilidad y la dependencia de la política provinciana es incontrastable.
Cambiemos se inquieta a nivel nacional por las fugas que la inflación y el ajuste, del que el “tarifazo” forma parte, podría precipitar en su electorado, compuesto por una clase media y alta refractaria a lo que despectivamente se denomina populismo.
La base electoral del Gobierno catamarqueño se constituye con los empleados públicos, los contratistas y los beneficiarios de la asistencia social, en ese orden. El equilibrio político local demanda evitar turbulencias en cualquiera de estos frentes.
Pasada la consensuada catarsis del debate por las tarifas, la Presidencia y los gobernadores inician las tratativas para ejecutar el ajuste.
CAJONES
Pasada la consensuada catarsis del debate por las tarifas, la Presidencia y los gobernadores inician las tratativas para ejecutar el ajuste.
Mantener relaciones armónicas con la Casa Rosada es para la Provincia más necesario que nunca en tren de conjurar cesaciones de pagos.