Definitivamente descartada la lluvia de inversiones que se anunciaba como inevitable al comienzo de la actual gestión de Cambiemos por un eventual cambio favorable en las expectativas de los empresarios, el gobierno nacional continúa sin embargo depositando sus expectativas de dinamización de la economía a partir de una disposición favorable de los inversores –nacionales y extranjeros, sobre todo estos últimos- para apostar al actual modelo. No será la lluvia pronosticada, pero al menos se espera una llovizna.
El Gobierno cree que si las inversiones finalmente se incrementan a niveles aceptables, las mejoras sobrevendrán automáticamente –mágicamente, refutarían algunos escépticos- para el resto de la sociedad. Es la famosa teoría del derrame: si le va bien a los que están arriba de la pirámide social –en este caso las empresas de gran capital, que para invertir necesitan tener garantizados ciertos niveles de rentabilidad-, los beneficios de “derramarán” a los estratos más bajos.
Esta hipótesis pocas veces se plasma en la práctica con la simplicidad planteada si no hay una intervención reguladora del Estado para asegurar una efectiva distribución de los beneficios, pero tales evidencias históricas no son un obstáculo para que el gobierno, que no tiene precisamente entre sus prioridades el diseño de un Estado regulador, continúe otorgando beneficios a las empresas.
Las políticas de incentivos son necesarias, claro está, aunque la objeción que podría hacerse a este presupuesto es que los incentivos sean iguales para todos los actores privados. Sobran evidencias para fundamentar que son las pequeñas y medianas empresas las que requieren de mayores incentivos. Sin embargo, el Gobierno promueve exenciones, beneficios tributarios, regímenes especiales, reducción de tasas, créditos fiscales, deducciones por pago de regalías o remesas de utilidades, o quita de aranceles para importaciones, entre otros, también a grandes empresas, que, salvo excepciones, gozan de una rentabilidad que no requiere de esos “privilegios”.
Un informe de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo, y Derechos (Latindad), que precisamente se titula “Privilegios a cambio de nada”, plantea que esta política de soporte a las grandes empresas le han traído a los países en desarrollo, entre ellos las latinoamericanos, más perjuicios que ventajas. El trabajo indica que este grupo de naciones pierden cerca de 138.000 millones de dólares al año de impuestos que no se recaudan debido a los incentivos fiscales.
El informe señala exhaustivamente las razones que justifican el título del trabajo, pero hay una que puede mencionarse como central: las exenciones impositivas al gran capital no inciden en la decisión de invertir. Es decir, los ahorros tributarios resultantes de las políticas fiscales no necesariamente se reinvierten en el país. Muchos de esos recursos se trasladan a los paraísos fiscales, como bien los saben muchos de los funcionarios del actual gobierno, que son los mismos que promueven las políticas de exención.
La prioridad deber ser incentivar a las pymes, que son las que necesitan imperiosamente esos beneficios, porque son además las que generan mayor cantidad de empleo y reinvierten sus ganancias en el país.
