Ellos no están en el imaginario colectivo cuando en la Argentina, sobre todo en las grandes ciudades, se habla de “el campo”. “El campo”, para la mayoría, son los grandes productores de la Pampa Húmeda. Los que cultivan soja, maíz, trigo o ganado vacuno a gran escala.
Ellos, a los que hicimos referencia en el comienzo de esta columna, son los pequeños productores o agricultores familiares que por estos días se encuentran otra vez en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, frente al Congreso de la Nación en este caso, entregando gratuitamente 30.000 kilos de frutas y verduras.
Aprendieron, como tantos otros actores de la vida social argentina, que la única manera de que sean escuchados en sus demandas, de que sus problemas adquieran visibilidad, es reclamar en el corazón de la ciudad más poderosa del país.
Son miles de productores que ocupan apenas el 13 por ciento de las tierras cultivables del país, pero producen el 60 por ciento de los alimentos que se consumen en la Argentina. En estos números se alcanza a comprender la envergadura de la incidencia en conjunto que tienen estos agricultores en la producción nacional.
En Catamarca casi la totalidad de los productores agropecuarios integran este sector. Las excepciones son los medianos y grandes productores que cuentan con los beneficios del régimen de diferimientos impositivos.
Entre los múltiples problemas que deben enfrentar tal vez el más urgente sea el del acceso a la tierra propia. Es por eso que uno de los reclamos prioritarios es el de adquirir la propiedad de terrenos donde desarrollar sus actividades productivas. Presentaron en el Congreso de la Nación, con ese propósito, un proyecto de ley que se denomina Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar, tiene como objetivo facilitar el acceso a la tierra propia por medio de créditos blandos para las familias de pequeños agricultores. Pero está sin tratar desde el año pasado.
Los productores agrícolas del sector se definen a sí mismos como “familias que viven de la tierra, en la tierra y para la tierra; pero que no les pertenece” y que son “presos de alquileres caros y especulativos que se llevan una enorme parte del fruto de su trabajo”.
La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), que los nuclea, explica que “no tener tierra propia para un agricultor no significa únicamente pagar un alquiler, es no poder arraigarse, no poder proyectar, estar obligados a vivir en casas precarias”.
Debería el Estado nacional, y también los gobiernos provinciales y locales, atender las demandas de este sector, por ahora muy relegado. Porque mientras este año va a haber una transferencia de las arcas públicas al campo más concentrado, el de la Pampa Húmeda, del orden de los 145 millones de dólares, ya sea a través de créditos por sequía como por reducción de retenciones a la soja, los productores pequeños y familiares no saben aún cómo afrontar, luego del tarifazo, el pago de las boletas de la energía eléctrica y aumentos exorbitantes en el precio de los insumos que utilizan y en el arriendo de las tierras ajenas que deben trabajar.
