Las condecoraciones otorgadas por el Gobierno nacional al policía bonaerense Luis Chocobar marcan el afianzamiento de una línea política tendiente a liberar a las fuerzas de seguridad de ataduras protocolares que, según el parecer de las autoridades, obstaculizan el combate contra el delito.
El caso Chocobar resulta más adecuado a estos fines que los de Santiago Maldonado, militante de la causa mapuche que se ahogó mientras trataba de sustraerse de la represión de Gendarmería, y Rafael Nahuel, joven mapuche asesinado por un integrante de la Prefectura de un tiro por la espalda, en otra operación represiva.
El policía Chocobar mató a un vulgar ladrón exento de ideales y militancia social o política, que por añadidura le había asestado minutos antes de su deceso una decena de puñaladas a un turista norteamericano para robarle dos cámaras fotográficas. Una verdadera papa publicitaria para exacerbar espíritus hospitalarios a métodos medievales y expeditivos de sanción del delito: el norteamericano se salvó de morir por un negro de uña y Chocobar, que estaba de franco pero intervino, persiguió a su atacante y lo ultimó a tiros. Harry El Sucio redivivo.
El caso
El incidente ocurrió el 8 de diciembre, en el barrio porteño de La Boca. Lo que irritó a la Casa Rosada fue que el juez de Menores Nº1, Enrique Velázquez, procesara a Chocobar por homicidio agravado por exceso de legítima defensa y lo embargara por $400 mil.
En la indagatoria, el policía alegó que había actuado “cuidando la vida de terceros” y que le había disparado al maleante, Juan Pablo Kukok (18), que escapaba y estaba de espaldas, apuntándole por debajo de la cintura para evitar dañarle órganos vitales.
Sin embargo, el juez consideró que “existió una falta de recaudos por parte de Chocobar en el momento de efectuar los disparos. Expuso en sus indagatorias que en el momento de disparar lo hizo blandiendo su pistola con una sola mano, ya que con la otra se cubría el rostro ante una posible agresión de Kukok, situación que lo coloca en un obrar, cuando menos, alejado de una actitud profesional exigible a cualquier personal policial”. Para el juez, Chocobar repelió una agresión ilegítima utilizando “un medio racional de una manera desproporcionada”. De ahí el procesamiento por homicidio agravado.
La reacción
La decisión judicial desencadenó la reacción política oficial.
El presidente Mauricio Macri recibió al policía Chocobar como un héroe en la Casa Rosada. “Estoy orgulloso de que haya un policía como vos al servicio de los ciudadanos. Hiciste lo que hay que hacer, que es defendernos de los delincuentes”, lo lisonjeó.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expresó el correspondiente respaldo y cuestionó que el juez procesara a un policía que “actuó en cumplimiento de su deber”.
“Lo importante –añadió- es que acá damos vuelta la realidad como Gobierno: los victimarios parecían las víctimas y las víctimas los victimarios. En nuestro Gobierno hemos revertido esto, tanto hacia el interior de las fuerzas como con la sociedad”.
En declaraciones posteriores abundó: “Las fuerzas de seguridad no son las principales culpables en un enfrentamiento. Estamos cambiando la doctrina de la culpa de la Policía y estamos construyendo una nueva doctrina: el Estado es el que realiza las acciones para impedir el delito. Vamos a revertir la carga de la prueba. Hasta ahora, el policía que estaba en un enfrentamiento iba preso. Nosotros estamos cambiando la doctrina y hay jueces que no lo entienden. Lo vamos a cambiar en el Código Penal. Vamos a sacar la legítima defensa para los casos de policías”.
El consultor político Jaime Durán Barba, proveedor intelectual de “Cambiemos”, legitimó las acciones de sus contratantes por vía de encuestas. “Hemos medido la angustia de la gente frente al delito. Muchos, sobre todo los sectores populares, sienten que no pueden salir de la casa, sienten que a su hijo lo matan si sale a la esquina. Están desesperados. La inmensa mayoría de la gente en la Argentina quiere la pena de muerte”, explicó.
Sustitución
Las circunstancias del homicidio de Kukok no han sido todavía establecidas por la Justicia. Lo que hay es un procesamiento en base a una hipótesis, a partir del cual continuará desarrollándose el proceso, en el cual se probará o no. Vale decir que el policía Chocobar es un sospechoso que tiene la posibilidad de defenderse con los instrumentos que le proporciona el sistema institucional.
Lo que ha hecho el Gobierno nacional, con su titular en rol protagónico, es absolver al policía antes de que la Justicia se pronuncie. O lo que es lo mismo: ha suplantado en el terreno político a la Justicia, al promover una sentencia exculpatoria popular, de carácter si se quiere plebiscitario, en lugar de atenerse a los procedimientos judiciales.
Esto es conceptualmente gravísimo, al margen de la circunstancia personal de Chocobar.
La conducta desplegada por el Gobierno supone una distorsión medular al valorar el criterio policial por encima del judicial.
¿De qué otro modo pueden interpretarse las manifestaciones de Bullrich cuando dice “las fuerzas de seguridad no son las principales responsables en un enfrentamiento”?
Por empezar, Kukok no murió en un enfrentamiento, sino mientras escapaba. Pero lo principal es que no es correcto determinar en términos generales y “a priori” que “las fuerzas de seguridad no son las principales responsables en un enfrentamiento”, pues esto debe determinarse en sede judicial y en cada caso de enfrentamiento particular.
Sistema
Que el sistema judicial está plagado de miserias es innegable. No obstante, sus mecanismos, por cierto propicios a todo tipo de maniobras leguleyas, tienen una cualidad esencial: restringen el margen de arbitrariedad de quien cumple la función de impartir justicia.
El juez y los fiscales no pueden hacer lo que se les ocurre, pues están condicionados por los diversos elementos que se ponen en juego en el terreno judicial. Está, por empezar, la ley, que establece tipificaciones, penas y rituales precisos, de modo que quien se aparte de ellos incurre en prevaricato.
Están también los abogados de las partes, que deben velar porque los intereses y derechos de sus clientes no sean vulnerados. Están también las instancias de apelación.
Toda esta parafernalia podrá parecer excesivamente compleja y lenta, pero tiene por fin reducir las posibilidades de que se perpetren injusticias debido a errores humanos o al influjo de sentimientos como el odio, el resentimiento, el afán de venganza y hasta el amor, pasiones todas que obnubilan el juicio y que, por eso mismo, inhabilitan a quienes han sufrido las consecuencias brutales o fatales del delito, enajenados por la conmoción, para intervenir si no es por intermedio de un abogado y conforme a pautas rigurosas.
Es cierto que el objetivo de justicia no siempre se logra -es tentador decir que casi nunca-, pero en cualquier caso la solución no debería pasar por saltear la instancia judicial, como el Gobierno ha hecho en este caso, sino en perfeccionarla.
Es llamativo que en el Gobierno no consideren estas cuestiones tan elementales, ya que no faltan allí sujetos que hayan sorteado causas judiciales sin pasar siquiera por un calabozo, como ocurre con otra gente. Nadie ha de dudar de su prístina inocencia, por supuesto: la Justicia la determinó antes de que a un policía o a cualquiera se le antojara que no era necesario atravesar trabajosos trámites procesales.
Diferencias
El arbitrio policial no está restringido por los condicionantes del sistema de Justicia. Frente a una policía, no hay abogado que vele por los derechos del sospechoso ni por la cobertura de los mínimos requisitos probatorios; no hay tampoco instancias de apelación, cosa que en determinadas circunstancias puede resultar letal para el eventual blanco del interés de la autoridad. Ni siquiera hay, tal como están las cosas, garantías de que el policía, gendarme o prefecto conozca la ley.
De hecho, Kukok, autor de un bárbaro asalto que colocó a su víctima al borde de la muerte, fue sancionado finalmente con la pena de muerte, que no está contemplada en los códigos argentinos.
Que tamaño desenlace haya sido consecuencia de la puntería defectuosa del policía Chocobar, de su irresponsabilidad o de que se le haya ocurrido que liquidar a un maleante era justo, se determinará en el transcurso del juicio, alternativa la de que Kukok, ya en el nicho, carece. Capaz que le daban perpetua, vaya a saber.
Lo que diferencia a los delincuentes de las personas honradas, entre las que sería deseable contar a los miembros de las fuerzas de seguridad, es la sumisión a la ley.
En tal sentido, que los policías afronten incomodidades administrativas o judiciales por el cumplimiento de sus funciones es un gaje del oficio, un trámite ordinario, precisamente porque, a diferencia de los delincuentes a los que combaten, han decidido subordinarse a la ley.
Si, como sostiene Durán Barba, “la inmensa mayoría de la gente quiere la pena de muerte”, el comportamiento del Gobierno en el caso Chocobar cae en la lisa y llana demagogia. Salvo que el poder esté interesado realmente en imponer la doctrina del “expeditismo” y fomentar el gatillo fácil, en cuyo caso a las inquietudes por la acción de los delincuentes habrá que sumar el temor a sufrir consecuencias por, al menos, confusiones de policías ansiosos.
