jueves 28 de marzo de 2024
EDITORIAL

Grupos de bravucones

Por Redacción El Ancasti

Tanto la posición a favor de una ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo como la que se manifiesta en contra son legítimas. Quienes las comparten esgrimen argumentos que pueden ser compartidos o no, pero que deben respetarse.

La apelación a la tolerancia no debería estar todo el tiempo explicitándose, pero a juzgar por ciertas actitudes de grupos facciosos, aunque minoritarios, resulta necesaria.

Las farmacias venderán un medicamento para la interrupción legal del embarazo

Durante el primer tramo del proceso de discusión del proyecto de ley, que finalmente fue rechazado en el mes de agosto por el Senado de la Nación, quedó en evidencia que el debate responsable y respetuoso sobre una temática tan sensible era posible. Sobre el final de ese proceso, el nivel de la discusión se fue deteriorando y afloraron entonces agravios cruzados, promovidos por los sectores más exaltados de ambos bandos.

Han pasado más de dos meses de la votación de la Cámara alta nacional y ciertos rasgos de esa peligrosa intolerancia persisten. Tal vez envalentonados por el resultado favorable, grupos antiabortistas integrados por bravucones han asumido comportamientos francamente cuestionables, intentando por diversos medios impedir interrupciones de embarazos contemplados por la legislación vigente.

Como es ampliamente conocido, existen casos de abortos no punibles cuando se dan ciertas circunstancias especiales. Por ejemplo, cuando el embarazo es resultado de una violación, o cuando corre riesgo la vida de la madre. Lo establece el artículo 86 del Código Penal de la Nación sancionado en 1921, disposición ratificada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2012.

La última de estas intervenciones se dio hace algunos días en el Hospital Rivadavia, en la ciudad de Buenos Aires, donde un grupo de militantes “antiabortistas” organizó una vigilia para protestar contra una operación enmarcada en la tipología de aborto no punible.

Estas personas no se limitaron a protestar, sino que intentaron impedir la intervención. Para lograr tal cometido, algunos de los activistas ingresaron en el centro de salud disfrazados de médicos. Si bien no pudieron frenar la operación, autorizada legalmente, terminaron identificando a la joven a la que se le practicó el aborto, violentando de esa manera sus derechos. Alguien, previamente, había filtrado la información desde adentro del Hospital.

Los manifestantes, además, dejaron antes de retirarse del lugar una pintada intimidante en una pared cercana al nosocomio. “No al aborto en el Hospital Rivadavia. Médicos, se las vamos a cobrar”.
Estas intervenciones se vienen produciendo desde hace varios años sin que sus promotores reciban sanción alguna.

Las exteriorizaciones públicas respecto de distintas posturas son legítimas si se efectúan en un contexto de respeto y sin violentar normas vigentes. La actuación de estos grupúsculos no se encuadra precisamente en este tipo de manifestaciones que forman parte de la vida democrática.

Lo que deberían entender quienes actúan de esa manera es que consiguen un efecto contrario al que buscan, pues los métodos violentos y autoritarios generan más rechazos que adhesiones.

 

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