La administración nacional acumula tantos "ensayo-error”, que cuesta cada vez más reconocerle alguna solvencia. Lo ocurrido con las pensiones no contributivas que se les arrebataron a los discapacitados se acollara a la saga de disposiciones revertidas en pocas horas, en cuanto su arbitrariedad se hace palmaria. Como se recordará, la decisión del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de revisar miles de pensiones no contributivas otorgadas a discapacitados para aventar sospechas sobre su presunto carácter irregular, disparó una fuerte polémica en la cual el Gobierno nacional cobró por "insensible”. Vanas fueron las explicaciones intentadas por la ministra Carolina Stanley. Por muy extraño que pudiera parecer que la cifra de las pensiones por discapacidad se dispararan durante la etapa kirchnerista exponencialmente, sin que mediaran guerras o catástrofes que provocaran semejante cantidad de secuelas físicas o mentales, los casos puntuales de poblaciones enteras que percibían el beneficio consignados por la funcionaria no alcanzaron a disimular el aluvión de injusticias que se había perpetrado con la poda, que indignó por mucho que se afirmara que se trataba de una suspensión temporaria. El costo político se hizo insostenible.
Resultado: Desarrollo Social reculó frente a los cuestionamientos, purgar de irregularidades el sistema de pensiones llevará más tiempo y, de todos modos, quedó la imagen de que en la burocracia nacional pululan una multitud de chantas que no evalúan el alcance de sus decisiones antes de tomarlas. La prueba es que la inmensa mayoría de los beneficios debieron ser repuestos. Como no es la primera vez que el Gobierno nacional procede del mismo modo, se asientan y extienden en la opinión pública ideas como que la improvisación es norma en gran parte del funcionariato macrista, o que se disponen medidas sensibles con el criterio de "si pasa, pasa”, o que, por muy importantes que sean las decisiones, se carece del coraje cívico necesario para sostenerlas cuando los embates políticos arrecian. En cualquier caso, ineficiencia que deriva en injusticias o dilaciones para resolver cuestiones medulares en tren de normalizar el funcionamiento del Estado; chantadas que quedan en evidencia y no en pocas oportunidades dejan a sus protagonistas inmersos en el ridículo del que no se vuelve.
Esta impresión se fortalece cuando algunos representantes del Gobierno nacional abren la boca y dejan al descubierto limitaciones injustificables. En el caso de las pensiones no contributivas por discapacidad, hubo uno que se refirió en términos muy insensibles a las personas con Síndrome de Down. Según dijo, no les correspondía percibir el beneficio porque, si querían, podían trabajar. Una barbaridad que en poco contribuyó al discurso que trataba de empinar la cartera de Desarrollo Social para justificar el sablazo. Pero de inconsistencias está plagada la prédica de Cambiemos, no solo en el ámbito administrativo. En Catamarca mismo se puede consignar el caso de los punteros santamarianos que repartían bolsones y otros elementos de asistencialismo sin escrúpulo alguno por la contradicción que tal conducta suponía con la prédica en contra del clientelismo de su propia facción. La pregunta es hasta cuándo le será posible al oficialismo nacional extenderse en estas exhibiciones sin que su credibilidad quede reducida a escombros.
