Si la primera parte del juicio político que se sigue al fiscal de instrucción Roberto Mazzucco estuvo signada por las denuncias de supuestos pagos de coimas a favor del acusado, en algunos casos con la participación de abogados del medio, la segunda tuvo como aspecto prominente la interna de los fiscales penales, que salió a la luz con toda crudeza ante la opinión pública.
Quien abrió fuego fue el fiscal Víctor Figueroa, citado como testigo. A Figueroa le preguntaron acerca del funcionamiento de la ex Unidad Fiscal Criminal, donde los fiscales estaban integrados en un mismo organismo. Respondió que si bien él y su par Mazzucco apostaban al trabajo "en unidad”, el sistema devino en "fracaso” porque no se ponían de acuerdo con el tercero en discordia, Ezequiel Walther, por "su forma de ser y su soberbia”, describió. Y así fue que decidieron tomar distancia.
Unos días después le tocó el turno a Walther en la ronda de testigos. Su testimonio estaba referido puntualmente a uno de los hechos por los que se acusa a Mazzucco: la investigación paralela que éste había comenzado a realizar sobre una presunta maniobra fraudulenta en el diario El Esquiú, causa que ya estaba en poder de aquél.
Walther relató que cuando se enteró de que Mazzucco estaba tomando medidas en la misma causa le hizo una advertencia vía oficio y luego pidió que se le inicie un sumario, porque no se podía permitir que hubiera una "doble persecución” del mismo acusado. Mazzucco, de hecho, había incorporado elementos por su cuenta y hasta decidió elevar la causa a juicio, lo que fue denegado por el juez de Control de Garantías.
Al día siguiente de esta declaración, Mazzucco denunció a su par Walther por "falso testimonio”. Aseguró que éste mintió al jurar que no tenía ningún interés en el resultado del jury, porque lo que pretende es "eliminar competencia”, dijo; y aseveró conocer por testigos que Walther se reunió con el juez de la Corte de Justicia José Cáceres –a quien le adjudica una "persecución” en su contra- apenas terminó de declarar y que hasta se mofaba de haberlos "cagado” a él y a Figueroa con su testimonio.
Tanto Walther como Cáceres negaron tal reunión. En declaraciones a la prensa, el fiscal consideró que la denuncia en su contra representaba solo "un manotazo de ahogado” de Mazzucco. Y dijo sentirse cómodo con el lugar en que lo ubicaron sus pares, es decir en la "vereda de enfrente”.
Aunque afirmó que las diferencias que tiene con esos fiscales son solo de orden operativo, Walther se permitió una ironía respecto al fiscal en el banquillo: "Esto ya parece una confabulación casi universal en contra del pobre colega", dijo.
Es que de eso de trata el andamiaje argumentativo de Mazzucco: él es objeto de una persecución política por parte de Cáceres y la "vieja Corte”. Y Walther, según afirmó, es "funcional” a esa maniobra cuyo fin es destituirlo.
La misión
La primera tentación que suscitan estos conflictos es proyectarlos a todo el Poder Judicial, quizás con la idea de que para muestra basta un botón. Sin embargo, existen numerosos casos y una vasta bibliografía que indican que el fuero más controvertido es el penal, tanto en América Latina como en Argentina.
Uno de los que opina en ese sentido es el ex juez de instrucción Mariano Bergés, quien renunció a su cargo luego de haber investigado casos de corrupción como los de los ex intendentes porteños Carlos Grosso y Jorge Domínguez, y procesado a Fernando de la Rúa por la supuesta contratación de "ñoquis" en el ex Concejo Deliberante porteño.
Dice Bergés: "Donde más quedan en evidencia las fallas del sistema judicial es en el ámbito penal. Porque allí la amenaza de imposición de pena frente al quebrantamiento de la ley es clave para disuadir eventuales comportamientos delictivos, y si esa amenaza no se torna operativa frente al caso concreto, entonces la ciudadanía comienza a pensar que da igual ajustarse a las normas que no hacerlo, y a partir de esa convicción, cualquier cosa puede pasar”.
En tal sentido, los fiscales tienen el deber de perseguir los delitos que tienen mayor relevancia en la defensa de los intereses generales de la sociedad. Por ejemplo, aquellos que atentan contra la vida, la humanidad, la propiedad y los vinculados al narcotráfico, entre otros. En el sistema actual a los fiscales les corresponde iniciar la investigación de los delitos y hacer la acusación, pero es el juez quien decide.
Sin embargo, el ciudadano no distingue claramente entre fiscal y juez. Para él, se trata de la figura del magistrado judicial, figura que representa quizás el último refugio institucional de garantía de imparcialidad y de defensa de los derechos que considera vulnerados. Y por eso es que confía en dejar en manos de la Justicia los conflictos que no puede resolver por otra vía.
El peligro latente
De manera tal que las "diferencias”, para decirlo en términos suaves, entre los fiscales y el tenor de las acusaciones que se ventilan en este jury afectan gravemente la imagen de la Justicia como reaseguro del sistema democrático y del Estado de Derecho.
La corrupción judicial se traduce en la práctica en aquellos actos en los cuales la conducta del juez o empleado vulnera el principio de imparcialidad en un proceso judicial, con miras a la obtención de un beneficio indebido o ilegal para sí mismo o para un tercero.
Es tan corrupta la acción del funcionario judicial que recibe dinero para agilizar un trámite, o "perder” alguna foja del expediente, como la actuación del juez que no toma en cuenta evidencias con el afán de justificar la absolución de un inculpado de alto perfil político o poder económico.
Pero la trama se completa con la figura del abogado como agente corruptor, por cuanto puede oficiar de nexo entre los clientes y el magistrado, en el marco de un vínculo con beneficios mutuos.
El peligro de un sistema tan contaminado es la indefensión del ciudadano, que pierde la confianza en sus jueces. Y si la Justicia no funciona ninguna comunidad puede avanzar en algún sentido. Si no hay seguridad jurídica, no se puede crecer; si no se hace respetar la ley, no se puede educar; y si no se castiga el delito, no se puede vivir en paz en una comunidad organizada.
Sea cual sea el final de este Jury, a la Justicia y a los demás poderes de gobierno e instituciones les quedará el desafío de encontrar la forma de depurar el sistema judicial.
Un buen recurso sería transparentar todo, desde las remuneraciones de los jueces hasta exigir declaraciones juradas anuales, las designaciones y contrataciones de personal, el manejo del presupuesto. En suma, toda la administración interna debería ser pública. La Justicia en sí debería ser garantía de transparencia.
