La causa subyacente

La ley de Educación Nacional mantuvo la vigencia de uno de los postulados de la anterior Ley de Financiamiento Educativo en lo que concierne a la obligación de que el Ministerio de Educación de la Nación, las provincias y los gremios representantes de los docentes acuerden, con la supervisión del Ministerio de Trabajo nacional un convenio marco que incluirá pautas generales sobre condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente y carrera docente para el desempeño docente en el ámbito del Sistema Educativo Nacional.

Ese convenio es la tan mentada paritaria nacional docente, que se hizo todos los años anteriores pero no en el actual. En lo estrictamente salarial, lo que hace esta paritaria es establecer un parámetro para las jurisdicciones provinciales a través de la fijación del sueldo mínimo, es decir, el que corresponde al cargo de maestro de grado ingresante de jornada simple.

Para llegar a ese piso, la Nación aporta un monto determinado a través del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), que en 2006 era de 100 pesos y el año pasado 2016 de 945 pesos, y también a través de la compensación salarial, un aporte extra en el marco del Fondo Nacional de Compensación Salarial docente, que inicialmente fue 60 pesos y en 2016 alcanzó 1.210 pesos.

La falta de convocatoria a la paritaria nacional docente ha dejado a las jurisdicciones provinciales a la deriva, lo que termina manifestándose en la imposibilidad, por lo menos en el corto plazo, de un acuerdo general que incluya a la mayoría de los distritos, que se han quedado sin el piso de referencia ni precisiones respecto de la ayuda nacional que recibirán para definir los incrementos.

Tal vez haya tiempo de rever la negativa nacional y destrabar los conflictos, cumpliendo además la ley, que ha sido aprobada para que se cumpla sin omisiones.