La medida también alcanza a Máximo y Florencia Kirchner. El fallo fue firmado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.
La Sala IV de la Cámara de Casación confirmó este viernes el decomiso de bienes contra Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez. La medida busca cubrir el monto de la causa Vialidad. Es por este marco que la expresidenta cumple una pena de seis años de prisión en su departamento de San José 1111.
La decisión ratificó lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal N° 2 en 2022. Aunque la Corte Suprema había dejado firme aquel fallo en junio del año pasado —habilitando así la ejecución de las penas—, el decomiso atravesó un sendero de apelaciones que lo llevó hasta las puertas de la Casación. Con esta sentencia, quedó resuelta la última parte de la condena que restaba ejecutar.
Las defensas de los condenados buscaron limitar el alcance del decomiso, cuestionando la inclusión de bienes sin lo que denominaron "trazabilidad directa" con el delito. Cristina Kirchner, en particular, intentó poner a resguardo dos inmuebles y 10 departamentos ubicados en Río Gallegos, además de una serie de terrenos en Lago Argentino, también en Santa Cruz. Se trata de propiedades que fueron cedidas a sus hijos y que no forman parte del proceso judicial.
Sin embargo, esta estrategia quedó rechazada por los votos de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes se alinearon con el dictamen del fiscal Mario Villar. Hornos enfatizó que el decomiso no puede quedar en una "declaración abstracta", sino que debe traducirse en una "recuperación real y efectiva" de los activos provenientes del delito.
"La pena sólo adquiere plena eficacia institucional si se traduce también en la neutralización concreta del beneficio económico obtenido mediante el delito", sostuvo el magistrado Hornos. Su colega Barroetaveña adhirió completamente a este razonamiento.
La medida aprobada por la mayoría de la Sala IV también alcanza bienes del empresario Lázaro Báez, quien fue identificado como principal beneficiario del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. El decomiso se extiende asimismo a su empresa insignia, Austral, así como a otras firmas satélites vinculadas a sus negocios.
El plazo para que los condenados respondieran en conjunto y de "forma solidaria" por el monto actualizado que dispuso el Tribunal Oral Federal N° 2 venció el 13 de agosto del año pasado. Sin embargo, las partes presentaron recursos de apelación que dejaron el decomiso empantanado hasta la resolución de hoy.
