La institución reforzó la prohibición de dispositivos móviles y pidió colaboración familiar para garantizar su cumplimiento.
El Instituto Superior Fasta Catamarca recordó a las familias que está prohibido que los alumnos concurran con teléfonos celulares al establecimiento educativo y solicitó su colaboración para garantizar el cumplimiento de la medida. La comunicación, firmada por la representante legal de la institución, se fundamenta en la Resolución E. N.º 621/22 del Ministerio de Educación provincial y en el artículo 63 del Anexo B del Contrato Educativo.
A través de un comunicado dirigido a las familias, las autoridades escolares señalaron que los estudiantes no deben llevar sus dispositivos al colegio y remarcaron que la utilización de teléfonos celulares y otros aparatos tecnológicos similares se encuentra restringida en los establecimientos educativos de Catamarca.
El comunicado también hace referencia a las disposiciones internas de la institución. En particular, menciona el artículo 63 del Anexo B del Contrato Educativo, que establece que los alumnos no pueden concurrir con celulares, salvo que exista una autorización expresa de las autoridades del nivel.
Desde el establecimiento solicitaron el acompañamiento de los adultos responsables para sostener la medida y favorecer el desarrollo de las actividades escolares. Según expresaron, el objetivo es que los estudiantes puedan transitar la jornada educativa con mayor atención y dedicación.
La disposición mencionada por el Fasta tiene alcance provincial. Fue oficializada en noviembre de 2022 mediante la Resolución E. N.º 621/22 y establece la prohibición de utilizar teléfonos celulares y otros dispositivos tecnológicos análogos por parte de los alumnos de los niveles Inicial, Primario y Secundario, tanto en instituciones de gestión estatal como privada, cooperativa y social.
Sin embargo, la normativa contempla excepciones. El uso de estos dispositivos está permitido cuando forman parte de actividades con fines pedagógicos y didácticos, siempre que estén incluidos en el Proyecto Educativo Institucional y en la planificación anual, bajo supervisión docente y directiva. También se admite su utilización ante situaciones de emergencia o fuerza mayor debidamente justificadas.
La resolución fue una ampliación de una medida que inicialmente se había implementado como prueba piloto en la Escuela Secundaria N.º 6 Cacique Juan Chelemín. En octubre de 2022, el Ministerio de Educación había dispuesto la restricción en ese establecimiento a través de la Resolución Ministerial N.º 607/22.
En aquella oportunidad, las autoridades educativas argumentaron que la presencia y utilización de teléfonos modificaba la dinámica de las aulas, afectaba la relación entre estudiantes y docentes y contribuía al incremento de conflictos. También manifestaron preocupación por las grabaciones realizadas por alumnos dentro de las instituciones, que podían derivar en situaciones de burlas, agravios y hostigamiento.
La discusión sobre el uso de celulares y la convivencia escolar volvió a cobrar actualidad en Catamarca tras el caso de bullying que involucró a estudiantes del Colegio Privado Pía Didoménico. El episodio tomó trascendencia pública luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que una alumna relataba situaciones de agresión y hostigamiento contra una compañera durante el viaje de egresados a Bariloche.
El caso generó repercusiones en la comunidad educativa y motivó la intervención del Ministerio de Educación y Trabajo, que inició una investigación sobre el accionar de las autoridades del establecimiento. Posteriormente, el Gobierno provincial dispuso la suspensión por seis meses del 100% del aporte estatal correspondiente al nivel secundario del colegio, luego de un sumario administrativo.
En medio de la repercusión del episodio, el Colegio Pía Didoménico también avanzó con restricciones al uso de teléfonos celulares dentro de la institución. La decisión volvió a poner en discusión el papel de los dispositivos móviles en las aulas, la exposición de los estudiantes en redes sociales y las herramientas de prevención de situaciones de violencia y hostigamiento entre compañeros.
El caso reabrió además el debate sobre la responsabilidad de las instituciones educativas y las familias en el acompañamiento de los alumnos y en la construcción de entornos escolares seguros.
