Finalizada la feria de enero y con la puesta en marcha de las actividades en todos los órganos del Poder Judicial, la expectativa está centrada en saber qué ocurrirá con un cúmulo de causas penales que permanecen estancadas y otras que ya llevan más de una década errando por los distintos recovecos de la Justicia catamarqueña.
Un caso emblemático es el "megafraude”, cuya investigación se abrió en 2004 y que arrojó como saldo imputaciones para diez personas, entre ex funcionarios, empleados del Estado y empresarios, quienes están bajo la lupa de la Justicia debido a supuestas irregularidades en Desarrollo Social. El "megafraude”, uno de los casos más representativos de desfalco contra el Estado, se había perpetrado a partir de la contratación de cursos de capacitación que no se concretaban o que se los realizaba sin el número de inscriptos declarado, y en los cuales se pagaban abultadas sumas de dinero.
Tras diversas maniobras dilatorias por parte de los defensores, finalmente en abril del año pasado, la causa fue enviada a la Cámara Penal N° 1 para que se realice el juicio oral y público. La causa se compone con 10 mil fojas distribuidas en 47 cuerpos y se prevé que el debate se prolongará por varios meses debido al número de imputados y la cantidad de testigos que desfilarán por las audiencias. Un dato no menor será el escenario en donde se ventilarán las audiencias, ya que el espacio físico de cualquiera de las cámaras penales será insuficiente ante la cantidad de protagonistas que participarán diariamente en el debate.
Otro ejemplo de la mora judicial es la causa de las "Compras directas” en la ex Subsecretaría de Acción Social. Esta investigación, abierta en 2003, desnudó las maniobras que consistían en realizar compras por más de $27 millones de artículos de primera necesidad, alimentos y hasta juego didácticos a un grupo de empresas que sospechosamente habían comenzado su actividad comercial poco antes de empezar a venderle al Estado.
La causa fue enviada dos veces a juicio y tras el pedido de prescripción de las defensas, en noviembre del año pasado la Cámara de Apelaciones confirmó que sea enviada para que se juzgue a los imputados. De momento no cuenta con un espacio en el cronograma de debates de los primeros meses.
Más próximos en el tiempo pero no por ello menos trascendentales, son dos casos que pusieron en tela de juicio el accionar de la Policía provincial: la "Tragedia de la Alcaidía” y la muerte de Diego Pachao, el joven que murió tras haber estado arrestado en la Comisaría Séptima. En este caso, su padre Alejandro culpó a los policías de haberlo sometido a una golpiza que lo dejó en estado de coma y tras lo cual falleció en el hospital. Sin embargo, la investigación concluyó en que las heridas mortales fueron provocadas por una pelea previa, y solamente acusó a los policías por vejaciones y por no haberle dado auxilio. En octubre pasado la investigación fue clausurada y este año debería efectuarse el debate.
La "Tragedia de la Alcaidía” se cobró la vida de cuatro adolescentes que estaban arrestados por orden de la Justicia de Menores y que iniciaron una protesta quemando colchones, lo que provocó la muerte de todos. Fueron imputados cinco policías que estaban en la guardia al momento del trágico siniestro. Ellos están a la espera del juicio oral y podrían recibir penas de hasta 5 años. La causa se encuentra en el Juzgado Correccional N° 1 y hasta la fecha no figura en el cronograma de debates tras la reanudación de la actividad judicial.
Estos cuatro casos son la muestra contundente de hasta qué punto el andamiaje judicial puede ser demorado con dilaciones y un sinfín de trabas que ponen en riesgo el derecho a juicio tanto en aquellos sucesos en los que el Estado ha sido defraudado, y también cuando los afectados son personas que han perdido a un ser querido y que tras varios años continúan peregrinando en los pasillos tribunalicios a la espera de justicia.
Con la reanudación de la actividad judicial, la atención vuelve indefectiblemente sobre las causas que llevan años sin resolución.
