La tentación de los gobiernos de avanzar sobre los sectores del Poder Judicial cuyos fallos no son de su agrado o no van en consonancia con sus intereses políticos atraviesa a todo el arco político. Lo practican o han practicado, con mayor o menor intensidad, todos los gobiernos y en todos los niveles. Es, en rigor, un vicio estructural de la política argentina.
El kirchnerismo impulsó intentos muy evidentes de pretender domesticar a jueces y fiscales. De hecho, impulsó un proceso de reforma judicial que contenía signos inequívocos de esa intención, tal vez escondida en un cúmulo de cambios necesarios. Con igual propósito promovió juicios políticos contra jueces a los que consideraba "enemigos”.
Es muy recordada, además, la presión a la que sometió al juez Carlos Fayt, de 97 años de edad, para que abandone su cargo en la Corte Suprema, con el argumento de que superaba largamente los 75 años previsto en la ley.
El gobierno de Cambiemos llegó al poder con la consigna de superar ese tipo de prácticas, respetando la independencia y el funcionamiento normal de los poderes del Estado.
Sin embargo, en este último tramo de su gestión ha incurrido en prácticas que parecen desmentir la sinceridad de aquella prédica.
Los propios funcionarios de primer nivel del Gobierno nacional han reconocido que intentarán "depurar” el Poder Judicial, provocando la salida de funcionarios de la Justicia que, desde la perspectiva del oficialismo, no cumplen bien sus funciones. Se trata, por cierto, de un eufemismo, del mismo tenor que el que impulsaba el kirchnerismo en su momento.
Entre los principales objetivos de la administración Macri, según dan cuenta informes de los medios nacionales, entre ellos el diario Clarín, se encuentran el juez de la Sala I de la Cámara Federal, Eduardo Freiler; el juez federal Daniel Rafecas; la jueza de la Sala I de la Cámara de Casación Penal Ana María Figueroa, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral; el titular de la Casación Alejandro Slokar y Oscar Hergott, del Tribunal Oral Federal Nº5.
Uno de los que estaba en la mira y ya sucumbió a las presiones es quien hasta hace poco se desempeñaba como administrador general del Consejo de la Magistratura, Juan Cubría, hijo de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría.
Haciendo borrón y cuenta nueva de lo que opinaban cuando el kirchnerismo presionaba a Fayt, los referentes del Pro, hoy en el Gobierno, accionaron contra la jueza Highton de Nolasco para que dejara la Corte una vez que cumpliera los 75 años. Ésta resistió los embates y ganó la pulseada.
Y el lunes se conoció que el Gobierno pidió el juicio político para los camaristas del fuero laboral que ordenaron hacer efectivo un aumento salarial que el gremio Asociación Bancaria había pactado con dos cámaras empresariales en noviembre pasado.
No es bueno para el funcionamiento de las instituciones de la República que el Ejecutivo apele a estrategias tendientes a la remoción de jueces. Si bien existen los mecanismos legales para hacerlo, ni antes ni ahora parecen estar dadas las condiciones para que se apelen a ellos, mucho menos de manera colectiva, presionando a varios magistrados al mismo tiempo.
