El respaldo electoral que tuvo Cambiemos en los comicios de octubre habilitó una nueva etapa política en la que el gobierno nacional aspira a profundizar, merced a ese apoyo, el modelo político y económico que empezó a delinear en diciembre de 2015.
Pocos días después de las elecciones, alumbró una serie de proyectos que venía gestando en los laboratorios del gabinete, entre los que se destacan la reforma laboral, previsional e impositiva, pero a los que hay que añadir otros de menor envergadura pero, tal vez, de similar importancia estratégica.
Macri y sus colaboradores son conscientes de que la victoria electoral no garantiza, ni mucho menos, que tales proyectos salgan expeditivamente, sin resistencia, de las cámaras del Congreso. El oficialismo nacional no tiene mayoría ni en Diputados ni en el Senado, por lo que debe encarar arduas negociaciones para lograr los votos necesarios.
Pero en Casa Rosada están convencidos de que el esfuerzo valdrá la pena porque las iniciativas reformistas, aunque tenga un costo social y político que pagar, en el mediano y largo plazo darán frutos positivos.
¿Pero tiene este optimismo fundamentos válidos? Para el conjunto de la oposición, una parte de la cual, sin embargo, está dispuesta a acompañar los proyectos, no hay muchas evidencias prácticas de que las reformas propuestas, sobre todo la tributaria y la laboral, hayan funcionado en otras épocas de nuestros país.
Las voces críticas señalan que aunque las iniciativas una vez aplicadas pueden generar el “clima de negocios” que el gobierno espera atraigan las ansiadas inversiones, también generarán problemas de difícil resolución.
La reforma tributaria, al reducir aportes patronales y el impuesto a las ganancias para las empresas, provocará que el Estado pierda recursos, como ya sucedió con fuerte impacto negativo en la década del 90, porque esa disminución de fondos no se vio compensada con un aumento de la tasa de empleo.
En lo que respecta a la reforma laboral, el propósito declamado oficialmente es que el recortar derechos tendrá como contrapartida la masiva generación de puestos de trabajo. La experiencia indica que la creación de empleo está asociada más a las etapas de expansión de la economía que a las leyes que regulan el mercado laboral. Con las actuales leyes, durante varios años de la década pasada el empleo creció, y se estancó luego, por ejemplo desde 2012 a la actualidad, en paralelo con la pobre evolución del PBI o los años recesivos (2014 y 2016).
Y la vigencia de leyes de flexibilización laboral provocó durante los gobiernos de Menem y De la Rúa un fenómeno de crecimiento del desempleo, contrario al esperado.
De modo que la historia reciente ofrece evidencias de que la aplicación de las recetas ortodoxas suelen funcionar muy bien en los laboratorios en las que se gestan, pero expuestas a la dura, impredecible y compleja realidad, han estado más cerca del fracaso que de los avances que proclaman.
El interrogante es si la Argentina volverá a tropezar con la misma piedra.