La extorsión que no se nombra

Para intentar que la reforma laboral pueda ser aprobada en el Congreso de la Nación, el Gobierno operó sobre la conducción de la GCT para lograr su apoyo. Y lo logró, pese a que son muchos más los actores del mundo gremial que se oponen al proyecto.
Y para apurar la convalidación legislativa de los otros dos proyectos de reforma –la previsional y la impositiva- el Gobierno pergeñó un pacto con los gobernadores a los fines de comprometerlos a que les den instrucciones a los legisladores nacionales de cada provincia para votar positivamente la iniciativa. También tuvo éxito en esta acometida, con la excepción del gobernador de San Luis, que fue el único que se negó a suscribir el acuerdo.
La reforma laboral se encuentra por ahora empantanada. Pero la reforma previsional, que implica un recorte a los ingresos jubilatorios, que se estima en alrededor de 900 pesos promedio por mes por beneficiario, obtuvo una aprobación expeditiva en la Cámara de Senadores, donde el oficialismo está en clara minoría.
La aprobación fue gracias a los votos de los senadores justicialistas, lo que permitió constatar que el pacto estaba dando sus frutos.
Entre los senadores que le dieron media sanción se encuentran los tres catamarqueños. El apoyo de Oscar Castillo se descontaba, pues es un orgánico representante de Cambiemos en la Provincia. Respecto de Dalmacio Mera y, sobre todo, Inés Blas, que militan en la oposición al Gobierno nacional, la postura es un poco más difícil de justificar.
De hecho, a ambos legisladores les llueven las críticas desde adentro mismo del justicialismo, al que pertenecen, y las explicaciones que intentan ofrecer no convencen a la dirigencia, a la militancia, y por supuesto tampoco a los propios integrantes de la clase pasiva, que se ven perjudicados por la nueva fórmula de actualización de los haberes jubilatorios que contiene la norma que ahora debe debatir la Cámara de Diputados de la Nación.
Aunque no pueden, como quisieran, denunciar que el consenso fiscal firmado entre Nación y los gobernadores, que incluye el apoyo de las provincias a las reformas, es una suerte de “extorsión”, los principales referentes del corpaccismo lo señalan por lo bajo, admitiendo la inconveniencia de asumir una posición beligerante con quien maneja la caja grande de los fondos nacionales. 
Esta actitud de sumisión es una constatación de la vigencia histórica del poder de los gobiernos centrales respecto de los estados subnacionales. Desde la recuperación de la democracia, los sucesivos gobiernos nacionales han hecho valer esa condición para presionar a las provincias y obtener, de esa manera, apoyo a la implementación de sus políticas.
Lo señalado no implica un juicio de valor respecto de los efectos que tendrán los postulados del consenso fiscal en las finanzas provinciales, particularmente en las de Catamarca, aunque se sabe que la gran beneficiaria es la provincia de Buenos Aires que gobierna María Eugenia Vidal.
Lo cuestionable, entiéndase bien, es forzar a legisladores a asumir posiciones que no asumirían de no mediar estos acuerdos Nación-provincias y de esa manera desnaturalizar el ejercicio de la democracia representativa.