El episodio de inusitada violencia perpetrado por policías provinciales contra estudiantes secundarios, a los que balearon las piernas con cartuchos cuyo contenido no se conoce con precisión, pone en evidencia una vez más la escasa o nula preparación de muchos efectivos para actuar en determinadas circunstancias.
Preparación profesional, en primer lugar, que se establece a través de protocolos de actuación según el contexto, que deben incorporarse como presupuesto básico y respetarse a rajatabla, y preparación psicológica, también, que otorgue garantías a los ciudadanos respecto de que no porten armas, de las disuasivas y de las mortales, sujetos que se descontrolan, o se ceban, o se enfurecen, en los episodios en los que les toca actuar.
Tal vez la urgencia por sumar uniformados en las calles de la ciudad para prevenir o combatir a la delincuencia genere que las autoridades ordenen flexibilizar los exámenes psicológicos. El resultado de esta presunta directiva es preocupante y se refleja en los hechos de violencia institucional que se han tornado demasiado habitual, según el cúmulo de denuncias contra efectivos que se radican en las sedes judiciales.
En el caso que nos ocupa, ocurrido el pasado miércoles, un grupo de integrantes de la policía, con el propósito de alejar de la plaza a adolescentes de entre 15 y 16 años, estudiantes de la Escuela José Cubas que festejaban el fin del ciclo lectivo, les dispararon cartuchos en las piernas. En un primer momento, por las características de las heridas, las víctimas denunciaron que habían sido agredidos con “balas de sal”.
Según la policía, la institución no provee al personal ese tipo de balas, que están prohibidas. Sin embargo, fuentes con conocimiento en el tema aseguraron que pueden ser armadas.
La polémica, sin embargo, no debería centrarse tanto en qué contenían esos cartuchos que lastimaron las piernas de los adolescentes, sino por qué razón los efectivos los agredieron de esa manera, haciendo uso abusivo de su condición de personal de seguridad armado.
Las víctimas del ataque documentaron fotográficamente la actuación de los agresores y las heridas que recibieron, pruebas que ayudarán a dilucidar lo que sucedió efectivamente.
El secretario de Seguridad de la provincia, Marcos Denett, estuvo esta vez rápido de reflejos y decidió, con buen criterio, apartar a los involucrados en el desagradable episodio e iniciar una investigación interna, sobre la que se esperan explicaciones convincentes. Y, por supuesto, que los involucrados en la agresión sean castigados según lo que marquen los reglamentos internos y las leyes.
La sociedad espera de la policía profesionalismo. Es decir, que actúe eficazmente en la lucha contra el delito, tanto en su prevención como en su represión. Pero que lo haga respetando las normas, evitando incurrir en actitudes de descontrol, prepotencia, arbitrariedad y autoritarismo, y, sobre todo, en atropellos contra ciudadanos indefensos que no representan peligro alguno para los propios efectivos y el resto de la comunidad, como este grupo de adolescentes que festejaban el fin de las clases.
