Las precarias condiciones bajo las que un grupo de trabajadoras sociales intentan dar contención a jóvenes amenazados por las drogas, en lo que pretenciosamente se denomina Centro de Prevención Local de Adicciones (CEPLA), es una muestra más de la escasa importancia que en el Gobierno se le da al flagelo de las adicciones. Puro jarabe de pico, que se vierte con preocupación cuando algún incidente particularmente funesto lo demanda, para cajonear luego las acciones concretas hasta que otro acontecimiento conmovedor vuelva a sacudir conciencias. En este caso, en mayo del año pasado se comprometió la construcción de un edificio destinado a la prevención de las adicciones en un terreno de la zona sur capitalina, donde centralizaría sus actividades el CEPLA catamarqueño, un dispositivo coordinado entre el Ministerio de Desarrollo Social local, la Secretaría para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Nación (SEDRONAR) y la ONG "Camino a la Libertad”.
A más de un año de la promesa oficial, el CEPLA contiene o intenta contener a 40 chicos de entre 12 y 24 años en una canchita de fútbol del barrio Villa Eumelia, a la intemperie. Hasta el cartel (véase la foto) parece confeccionado para exponer el carácter marginal que el combate contra las adicciones tiene entre las políticas públicas catamarqueñas. Los talleres se desarrollan los lunes, miércoles y viernes, de 15 a 18.30, para aprovechar la luz de día porque la iluminación de la cancha no siempre funciona. Los martes y jueves, las trabajadoras sociales tienen reunión de equipo en casas de familia. Las mismas trabajadoras sociales se encargan de preparar la merienda para los chicos, con fondos que obtienen con la venta de rifas, donaciones o aportes de familias generosas. Frente a la canchita donde los chicos patean el fútbol que les regaló el Gobierno, el terreno en el que debería erigirse el edificio, vacío.
Inconvenientes burocráticos conspiraron para que, finalmente, la Nación no proporcionara el financiamiento para avanzar en la edificación. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Barros, dijo que se analiza la posibilidad de que la Provincia afronte los costos. Pero al margen de las explicaciones, lo que esta frustración del CEPLA ratifica es que la lucha contra las adicciones no puede depender, si lo que se pretende es que sea medianamente eficaz, de esfuerzos individuales. Lo que se precisa es la decisión política de los más altos niveles del Gobierno para coordinar políticas y destinar recursos materiales y humanos a tratar de acotar el avance del flagelo, que afecta a adictos y familias de todos los estamentos sociales y a terceros que quedan expuestos a las acciones de enfermos enajenados por estupefacientes. Suele utilizarse la expresión "sin comerla ni beberla” para referirse a estos terceros, pero a esta altura la sociedad tendría que plantearse si tiene derecho a considerarse inocente, pues no se advierte presión social sobre las autoridades y las representaciones políticas para que aborden seriamente cuestión tan sensible. Solo hay que pensar en la cantidad de dinero que se derrocha mientras el CEPLA continúa en el difuso territorio de las promesas y las drogas continúan haciendo estragos en Catamarca.
No tiene edificio el CEPLA, pero fortunas se destinan, por ejemplo, a financiar clubes para que intenten ascender a Primera A, sin exigirles que cumplan función alguna de contención social. De lo que se gastó en el megaestadio ya ni hace falta hablar: superfluo desde que se lo proyectó, ahora suma su ruina. La Justicia ordenó la demolición de un barrio del IPV en Aconquija. En cada una de estas situaciones hay responsables específicos, pero todas forman parte de un mismo grupo: el que expone la ineficacia del Estado y los torcidos órdenes de prioridades que determinan la distribución de recursos públicos.
