"El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente” es una célebre frase acuñada por el historiador católico británico John Emerich Acton hacia fines del siglo XIX. La historia de la humanidad parece corroborar, en términos generales, la idea central de la sentencia.
Según esta conclusión, todos los hombres serían corruptibles, dependiendo el grado –cuán corrupto se es- de su cercanía con el poder. De modo que solo estarían a salvo de cometer actos ilícitos, ilegales e inmorales para beneficio personal con recursos del erario público –que de eso hablamos en la acepción del término ligado a la política-, quienes no tienen acceso al manejo de esos recursos. Es decir, quienes no tienen poder.
Tal vez sea oportuno sostener que, como todo apotegma, constituye una simplificación que excluye todas aquellas conductas que no son funcionales al veredicto central. Por cierto que no todos los hombres son corruptibles, y así como abundan los ejemplos de personas que cedieron a la tentación de la malversación de los dineros del Estado, hay muchos otros en sentido contrario; esto es, hombres y mujeres que administraron honestamente los fondos públicos que el pueblo les delegó.
Resulta útil reflexionar sobre estas cuestiones en la Argentina actual, en la que sobran las imputaciones por corrupción, que por supuesto la Justicia deberá probar, contra altos dirigentes de las principales fuerzas políticas, funcionarios actuales y ex funcionarios.
Pero también cabe interrogarse, en función de la sentencia de Acton, cómo reaccionaría el hombre común, que condena la corrupción y se horroriza por ella, si tuviese una cuota de poder. O preguntarse si las conductas cotidianas de las personas no están en algunas situaciones y contextos ligadas a pequeños actos de corruptela, que pasan inadvertidas porque son consideradas insignificantes –en el sentido de la cuantía de los dineros que involucran- respecto de los grandes actos de corrupción, que implican cifras millonarias.
Comete también actos de corrupción el que paga una coima a un inspector de tránsito para evitar pagar una multa mayor, el inspector que la cobra, el empleado del Estado que usa vehículos o bienes públicos para uso personal, el que dibuja gastos inexistentes a la hora de rendir fondos para quedarse con la diferencia, el que se queda con "vueltos”, el que simula enfermedades con la complicidad de profesionales médicos para no ir a trabajar, el contribuyente que evade impuestos a través de distintos mecanismos, el comerciante que se cuelga del tendido eléctrico o "toca” el medidor...
El hecho de que los montos sean insignificantes en comparación, por ejemplo, con los que implican los retornos de la obra pública o el dinero que no se declara y se fuga a paraísos fiscales, no los exime de la caracterización señalada.
En todo caso, es un problema de magnitud. La pregunta es si los que cometen las corruptelas menores porque tienen un poder limitado, cometerían grandes actos de corrupción, con cifras millonarias, si gozaran de un mayor poder.
La respuesta no puede ser unívoca, pero vale la pena que la formulemos, aunque incomode.
