Manifestaciones sesgadas distorsionan el sentido de la ordenanza en contra de la minería a cielo abierto que sancionó la semana pasada el Concejo Deliberante de Andalgalá. El pronunciamiento de los concejales se circunscribe de modo específico y explícito, sin necesidad de entrar en interpretaciones leguleyas, a los emprendimientos que puedan iniciarse en la cuenca del río Andalgalá y la zona de influencia del Nevado de Aconquija y no garanticen la integridad del medio ambiente, concretamente la pureza del agua. Vale decir: no se trata de un rechazo a la minería en general, sino a la minería a cielo abierto que no ofrece seguridad ambiental. La ordenanza, ya promulgada por el intendente Alejandro Páez, es muy clara en el sentido consignado: el pueblo de Andalgalá, tal la expresión de sus representantes, teme que su ecosistema se vea afectado por la actividad de Agua Rica.
No es razonable, dado el enredado y turbio trámite que tuvo la gestión empresarial, avalada por el Estado, requerirles una conducta distinta. La minería a cielo abierto sin garantías ambientales es altamente negativa. El pronunciamiento encuentra sustento, primero, en el fallo de la Suprema Corte de la Nación que ordenó dictar nueva sentencia a nivel provincial sobre una acción de amparo interpuesta por andalgalenses porque no se habían tenido en cuenta los riesgos ambientales que éstos alegaban. Después, en la decisión del juez Rodolfo Cecenarro, quien ordenó paralizar el emprendimiento Agua Rica hasta que esté claro qué impacto tendrá sobre el medio ambiente, cuestión que se determinará cuando el informe de impacto ambiental se elabore como corresponda y, esto es lo central, sea consensuado con la comunidad de la Perla del Oeste.
Están claras, al margen de cualquier consideración de orden legal, las deficiencias de la empresa Minera Agua Rica, controlada por Yamana Gold, y de la línea del área minera del Estado. Los trabajadores de Agua Rica que en este momento, en comprensible actitud, expresan su inquietud por la continuidad de sus puestos laborales, tienen que tener en cuenta que éstos forman parte de la estrategia de la empresa para llevar adelante su política de especulación. Los puestos laborales fueron mantenidos por la firma con el propósito de retener los derechos de explotación sobre el yacimiento sin hacer la más mínima inversión; fueron y son, en definitiva, mero simulacro de la firma en tren de evitar el descrédito que se hubiera precipitado sobre ella si, aparte de no poner un peso para que Agua Rica se hiciera realidad, hubiera despedido a sus empleados.
La indignación de los trabajadores está, entonces, mal dirigida: nada tiene que ver la ordenanza sancionada y promulgada ni los fallos judiciales que se alzaron ante la incertidumbre ambiental con la situación de Minera Agua Rica; es la empresa, apañada y en sociedad con las autoridades provinciales del área, la responsable de las mentiras y maniobras tendientes a sostener los derechos sobre el yacimiento al menor precio posible. Los trabajadores son las víctimas hoy por hoy más expuestas de la errática política minera de la que se alimenta Agua Rica.
