La Secretaría de Seguridad de la Provincia habría adquirido recientemente un sistema Excalibur, tal como se conoce en la jerga, que se emplea para hacer pinchaduras de teléfonos o escuchas ilegales, según trascendió de fuentes extraoficiales. Aunque se desconoce cuáles son las características del "software” y del "hardware”, no hay demasiada variedad en el mercado. Son dispositivos de fácil instalación, se pegan con pegamento o vienen imantados, y pueden transmitir las conversaciones por radiofrecuencia hasta una distancia de 300 metros. Por lo general, tienen el tamaño de una aspirina y no almacenan información, sino que la transmiten, y pueden durar varios días con una batería interna. Algunos incluso se pueden alimentar directamente desde el pequeño voltaje de la línea telefónica. Otros son grabadores que pueden insertarse en una lapicera y llegan a grabar hasta dos días de conversaciones de corrido, por cuanto se prenden y se apagan en presencia o ausencia de ruido. Y registran hasta la fecha, hora y duración de la grabación. Cuestan entre 300 y 1.500 dólares y solo la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) cuenta con el equipamiento necesario para detectarlos. El interrogante lógico cae de maduro: ¿a quién o a quiénes pretendería espiar la Secretaría de Seguridad de Catamarca, al mando del abogado Marcos Denett?
El de las escuchas ilegales es un tema bastante controvertido en Argentina. De hecho, recién en junio pasado fue sobreseído por una Cámara Federal el presidente Mauricio Macri, luego de haber estado procesado durante cinco años y siete meses, acusado de espionaje y asociación ilícita. El tribunal ratificó lo dispuesto en diciembre de 2015 por el juez federal Sebastián Casanello, quien sostuvo que no había "ni siquiera una prueba directa” para avanzar contra Macri y dispuso el cierre del caso. La sentencia no fue apelada por el fiscal de la Cámara, pero sí por uno de los querellantes, Néstor Leonardo, ex cuñado de Macri y presunto espiado. Hasta eso, Macri debió cargar como una pesada mochila con el procesamiento dispuesto en 2010 por el ex juez Norberto Oyarbide y confirmado por los mismos camaristas que este año avalaron su sobreseimiento. Entre otras cosas, la causa indicaba que el ex jefe del Gobierno porteño había intervenido en el armado de un "aparato de inteligencia prohibido”, "clandestino”, considerado una suerte de "vertiente paralela” de la Policía Metropolitana para hacer operaciones de inteligencia ilegales. La causa se inició por una denuncia de Sergio Burstein, integrante del grupo de familiares de víctimas de la AMIA, que dijo que había recibido en su casa una llamada en la que le habían advertido que lo escuchaban, y luego se sumó Leonardo en la embestida. Macri estuvo muy cerca de llegar a juicio oral y público, en momentos en que se encontraba en plena campaña electoral con miras a la Presidencia de la Nación.
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De confirmarse el trascendido, el secretario Denett se apresta a jugar con fuego. Porque además de convertir al organismo a su cargo en un ente de espionaje oficial y de crear no poca desconfianza en la fuerza policial, en el mismo Gabinete y en la oposición política, incurriría en una práctica abiertamente ilegal y repudiable. En primer lugar, porque el sistema viola un derecho personalísimo: el derecho a la intimidad. No solo eso, la propia Constitución nacional establece (Art. 18) que "el domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados”, y por extensión las comunicaciones telefónicas, salvo resolución judicial. Y el Código Penal castiga con pena de prisión y multa al que "para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación”. En conclusión, a menos que la Secretaría de Seguridad tenga la orden de un juez para pinchar un teléfono, una escucha de esta naturaleza viola la intimidad de las personas y representa un delito que no solo es perseguible de oficio sino que merece una denuncia penal inmediata. Una vez más, ¿qué se traería entre manos el funcionario Denett?
