Al margen de la discusión sobre la legitimidad y legalidad del arresto de la dirigente piquetera Milagro Sala, jefa del movimiento Tupac Amaru, el incidente jujeño muestra varias de las aristas más controversiales del sistema sobre el que el kirchnerismo edificó gran parte de su poderío. Los defensores de Sala enfatizan sobre las obras que, a través de cooperativas, la Tupac Amaru realizó en Jujuy en beneficio de los sectores sociales más postergados y atribuyen su detención a una persecución ideológica del gobierno de Gerardo Morales, pero omiten elementos que no son menos importantes: la opacidad con que la organización administraba millonarios recursos, el monopolio del asistencialismo que ejercía en Jujuy en contra de otras organizaciones -sin desestimar métodos violentos-, el exacerbado clientelismo y la pretensión de co-gobernar en materia de políticas sociales. De hecho, si bien Sala y Morales son enemigos jurados desde hace años, la polémica en esta etapa de la confrontación en la que la piquetera está presa se detonó por la decisión del Gobernador de quitarle a la Tupac Amaru el manejo de los planes sociales e instaurar un sistema bancarizado, para que los beneficiarios cobraran sin intermediaciones. De ahí el acampe frente a la Casa de Gobierno y los hechos que precipitaron el arresto.
En el medio centenares de millones de pesos del erario que se canalizaron hacia la Tupac Amaru durante años. Algunos sectores pretenden que se exima a Sala de rendir cuentas por la labor social que supuestamente ha desarrollado, pero este privilegio no procede. Basta recordar lo ocurrido con el programa "Sueños Compartidos" manejado por las Madres de Plaza de Mayo comandadas por Hebe de Bonafini y administrado por Sergio Schoklender: una millonada se malversó al amparo de la bandera de los derechos humanos y la revelación de las maniobras fraudulentas fue atribuida también, como ahora, a canallas motivaciones persecutorias. Sala es, entre otras cosas, un emblema de la manipulación de la pobreza con fines electoralistas. El triunfo de Gerardo Morales en las elecciones jujeñas fue una demostración más de que tales prácticas, ejecutadas habitualmente con prepotencia, no exentas de chantajismos, habían encontrado su límite en una sociedad harta. Señalar esto no implica desconocer los eventuales efectos benéficos que haya tenido la gestión de Sala. Sin embargo, tales efectos no pueden esgrimirse como excusa de atropellos y conductas delictivas o cuasi delictivas. Lo que ocurre ahora es que tales conductas se han quedado sin la cobertura del poder nacional que les permitió prosperar durante más de una década. Milagro Sala es la exponente más célebre de una metodología basada en el tejido de redes clientelares con financiamiento público, que no se limitó a Jujuy e insumió fortunas.
Los matices extorsivos del estilo Sala comienzan a quedar al descubierto con su caída. Aparecen en Jujuy voces que se atreven ya a cuestionarla. Milton Urtado, presidente de la cooperativa "Larga Vida a los que luchan", de 500 afiliados, contó que la dirigente "manejaba los municipios, la policía, la salud. El gobernador no existía. Esta mujer hacía y deshacía todo cuando quería". Aseguró además que la Tupac Amaru amenazaba a otras organizaciones y monopolizaba los fondos para construcción, y que cuando las cooperativas excluidas reclamaban a la Nación las mandaban a hablar con ella. La violencia y los métodos expeditivos son marca en el orillo de estas organizaciones: el intendente de Valle Viejo, Gustavo Roque Jalile, denunció amenazas que supone provendrían de las pandillas alimentadas por su antecesora, Natalia Soria, una Milagro Sala en miniatura que comanda el Movimiento Evita. Para reclamar por la libertad de Sala se organizó una manifestación que fue encabezada por Luis D'Elía, el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno y el ex vicegobernador de Buenos Aires Gabriel Mariotto, entre otros. Estuvo también la diputada nacional Verónica Mercado, menos representante de Catamarca que de la provincia de Santa Cruz que gobierna Alicia Kirchner.
