Los abogados catamarqueños no parecen reunir aptitudes profesionales satisfactorias a criterio del Poder Ejecutivo Nacional. De entre los miles de hombres y mujeres dedicados al derecho en la provincia, solo el ex director de Derechos Humanos de la Provincia, Guillermo Díaz Martínez, cubrió las pretensiones de los encargados de confeccionar la lista de conjueces que eventualmente podrían llegar a subrogar al juez Federal. El resto de la nómina fue cubierto con letrados oriundos de Tucumán, con lo que quedaron heridas numerosas susceptibilidades. Por usos y costumbres añejos, hasta hace poco la lista de conjueces se confeccionaba en base a la propuesta del Colegio de Abogados, pero ahora se define en la Casa Rosada, con acuerdo del Senado. De este modo, se incrementa la incidencia política en el orden de subrogancias del fuero federal. Díaz Martínez, la excepción a la norma tucumana, encabeza la lista. Está claramente alineado con el kirchnerismo y responde a La Cámpora, particularidades que, por supuesto, no hacen mella en su solvencia profesional como abogado, desplegada sobre todo en el campo de los derechos humanos. Pero la conducción del Colegio de Abogados local también sintoniza con el oficialismo y, sin embargo, ningún otro letrado de la provincia ha sido seleccionado para las subrogancias eventuales, en beneficio, como se ha dicho, de abogados tucumanos.
Entonces, una de dos: o no hay entre los matriculados de Catamarca abogados que reúnan requisitos de idoneidad profesional acordes a las exigencias de la Casa Rosada, o bien tales exigencias están menos vinculadas a la idoneidad profesional que a la confiabilidad política. Guillermo Díaz Martínez cubre ambos espectros, pero para encontrar referentes similares el Gobierno nacional debió rastrillar en Tucumán. Cualquiera sea el caso, no puede concluirse razonablemente que el concepto sobre los abogados catamarqueños sea de los mejores para el poder nacional.
A propósito del Juzgado Federal, el juez Ricardo Moreno hizo lugar a un planteo del FCS que objetaba que los vehículos de la EC SAPEM llevaran ploteadas las imágenes de los candidatos del Frente para la Victoria. Una disposición lógica, pues no corresponde que los vehículos de empresas del Estado se vistan de campaña. La EC SAPEM incurrió en una chicana: sacó los rostros de los candidatos y puso consignas de campaña, lo que provocó una nueva presentación de los radicales, y una nueva resolución del juez en el mismo sentido que la primera, finalmente acatada. Extrañaron las maniobras del titular de la EC SAPEM, Guillermo Dalla Lasta, que ha demostrado una gran capacidad de gestión y sensatez para conducirse. Pero una golondrina no hace verano y un desliz tampoco. En cualquier caso, los candidatos exhibidos en los vehículos de la EC SAPEM son provinciales, y debería habérsele dado intervención a la Justicia provincial, no federal.
También son notorias las nimiedades en las que eroga esfuerzos el FCS a pocos días de las elecciones. La oposición parece centrar su campaña en sembrar precedentes para abonar la hipótesis del fraude, que comenzó a sacudir horas después del escandalete de las elecciones tucumanas, de modo que enfatiza las objeciones a la utilización de los recursos del Estado en beneficio de la facción oficialista, hace hincapié en la necesidad de mejorar la fiscalización respecto de las PASO y convoca a votar sin condicionamientos ni temores. Es decir: es claro que el radicalismo apunta a envolver el proceso electoral en un manto de dudas. No es tan claro, en cambio, que esté consiguiéndolo, y ha de convenirse que, si tal es la pretensión, lo de las camionetas de la EC SAPEM resulta más patético que eficaz, un incidente muy menor, de características hasta folclóricas, que en arenas como la catamarqueña tiene muy poco potencial escandaloso.
