Todos los sondeos de opinión realizados en la última semana en la Argentina respecto de la posibilidad de que se llegue a la verdad en el caso Nisman, concluyen que la gran mayoría cree que el hecho nunca será esclarecido.
Esta suerte de veredicto popular debería hacernos reflexionar sobre la escasa credibilidad que tienen las instituciones, particularmente la Justicia, y la incidencia que tal carencia tiene para la vida democrática.
Al deficiente funcionamiento del Poder Judicial debe añadírsele que causas como la señalada tienen un alto grado de politización, lo que contribuye particularmente a contaminar la investigación y las conclusiones que de ella se extraigan.
En general, la causa AMIA es un claro ejemplo del daño que las operaciones políticas y de inteligencia, con conexiones locales e internacionales, le causan a la democracia, en tanto afectan el esclarecimiento del atentado y la legítima pretensión de justicia del pueblo argentino.
Salvo que aparezcan pruebas claras y contundentes –lo cual no parece muy probable a casi diez días de la muerte del fiscal-, es fácil pronosticar que cada argentino adoptará su propia versión de los hechos en función de opiniones formadas de antemano o simpatías políticas. Y esto aún ante la eventualidad de que la pesquisa judicial se encaminara a determinar alguna responsabilidad.
Quienes, colocados en el papel de investigadores imaginarios o virtuales, creen firmemente que el fiscal se suicidó –por voluntad propia o inducida- seguirán abonando esa hipótesis aun cuando se dicte condena por homicidio. Y, contrariamente, los que están convencidos de que el funcionario judicial fue asesinado, continuarán sosteniendo esta posición pese a que la Justicia dictamine que fue el fiscal quien apretó el gatillo.
Del mismo modo, los oficialistas sostendrán definitivamente que el caso fue pergeñado para desestabilizar al gobierno aunque no haya ninguna prueba que avale tal suposición. Y los opositores argumentarán que detrás de la muerte de Nisman está la mano negra del Gobierno nacional, aun cuando hasta la propia Interpol parece haber desarticulado la principal hipótesis en la que se basaba la acusación por encubrimiento contra la Presidenta de la Nación y el canciller.
Lamentablemente, según puede apreciarse a partir de las declaraciones de las personas públicas, en particular de quienes ostentan algún tipo de representación política o institucional, y de las opiniones que suelen verterse en las redes sociales, en la Argentina de hoy no hay demasiados pruritos en sacrificar la verdad –o parte de ella- en aras de prejuicios o presupuestos ideológicos difícilmente modificables.
Tal vez no sea este año electoral el momento más propicio para restablecer la imparcialidad perdida en el debate político nacional. Pero más temprano que tarde la cordura y la racionalidad deberán restituirse, y los datos objetivos de la realidad imponerse, finalmente, por sobre los intereses que permanentemente colocan escollos en el camino de la verdad.
