Mañana viernes, el Tribunal Oral Federal de la provincia de La Rioja dictará sentencia en el histórico juicio por el crimen de Enrique Angelelli, el obispo de La Rioja asesinado el 4 de agosto de 1976, y el intento de homicidio del sacerdote Arturo Pinto.
La fiscalía solicitó la pena de prisión perpetua para los genocidas Luciano Benjamín Menéndez, quien entonces era el jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, y para Luis Fernando Estrella, subjefe de la base Chamical de la Fuerza Aérea. Los fiscales entienden que Menéndez dio la orden, mientras que Estrella fue el "autor mediato”, organizador del asesinato que se perpetró simulando un accidente en el que Angelelli falleció y Pinto resultó gravemente herido.
El obispo y el sacerdote, que luego dejó los hábitos, se dirigían a La Rioja desde Chamical luego de participar de un homenaje al catequista Wenceslao Pedernera y a los curas Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias, asesinados pocos días antes.
Fue un crimen de claro tinte político que tuvo como víctima a un obispo comprometido con los más pobres de la tierra en donde oficiaba como pastor de la Iglesia y que en los meses anteriores a su asesinato venía denunciando las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por el gobierno militar. Su martirio fue consecuente con su prédica evangélica de la opción por los pobres.
Sólo con el retorno de la democracia, en 1983, y la apertura de causas por las graves violaciones a los derechos humanos, el triste episodio comenzó a investigarse. Al poco tiempo, como consecuencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, la causa se archivó hasta que volvió a ver la luz hace poco más de una década, cuando se anularon las mencionadas leyes que propiciaban la impunidad.
De todos modos, durante casi cuatro décadas la jerarquía eclesiástica mantuvo un silencio más cerca de la complicidad que de la prudencia. Hace pocos días, y después de casi cuatro décadas, el Papa Francisco tuvo un gesto valiosísimo, aportando valiosa documentación, obrante en El Vaticano, que el obispado riojano entregó como prueba durante el juicio.
Se trata de una carta y un informe, elaborado por el propio obispo, en los que denunciaba la persecución militar y policial que sufrían él y sus colaboradores. Los escritos le fueron entregados al nuncio vaticano de entonces, Pío Laghi, pero la iglesia oficial siempre lo negó, probando la complicidad entre la jerarquía de esa institución y la dictadura militar.
Aquellos años oscuros pusieron en evidencia la existencia de dos iglesias paralelas. Una encubridora y aliada a los poderosos. Otra comprometida con los más pobres, que ponía un oído en el pueblo y otro en el Evangelio. Las condenas por la causa que se ventila en la Justicia Federal riojana alcanzarán seguramente a los imputados. Pero queda la sensación de que el crimen quedará parcialmente impune, porque resulta evidente que no todos los culpables están sentados en el banquillo de los acusados.