El proyecto, si se convierte en ley, probablemente no afecte la vida cotidiana de la mayoría de los argentinos, pero sí tendrá incidencia negativa en decenas de miles de productores agropecuarios, particularmente entre los agricultores familiares, que son la gran mayoría en nuestra provincia.
La iniciativa en cuestión es la modificación de la denominada Ley de Semillas que impulsa el Gobierno nacional y que, según opinan expertos que asesoran a los pequeños agricultores, establece quiénes deben ser los proveedores de semillas y con qué acopios y exportadores operar. También legitima el pago de "regalías extendidas”, que impide el ejercicio del "derecho de uso propio” de la semilla.
Alertados por las consecuencias de la modificación de esta ley, que fue sancionada durante el gobierno de Agustín Lanusse, en 1973, los agricultores familiares de todo el país se encuentran en estado de alerta y en plena tarea de difundir, hacia el resto de la sociedad, las razones de su oposición al proyecto.
Catamarca no es la excepción. A la fecha se llevan realizadas tres jornadas de debate entre diversas organizaciones implicadas en la problemática, como el Foro de la Agricultura Familiar de Catamarca, representantes de Movimiento Agro Ecológico Latinoamericano (MAELA) e integrantes de los equipos técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar-Delegación Catamarca- y de la institución Bienaventurados los Pobres (Be.Pe).
El proyecto de modificación de la ley de Semillas le otorgaría a las empresas que manejan el mercado del agro-negocio la atribución de ejercer una suerte de regulación sobre la actividad de los multiplicadores de semillas y los acopios. Y, lo que es más grave, impediría el uso de las semillas propias a los productores locales es decir, las que obtienen de sus propias cosechas, y el intercambio libre de ellas entre agricultores, lo que constituye una práctica cultural ancestral y económicamente sustentable.
Los detractores del proyecto oficial lo han rebautizado como Ley Monsanto. Es que la iniciativa tiene como efecto inmediato la protección de las regalías correspondiente a la propiedad intelectual sobre las semillas. Y una de las actividades principales de esa multinacional es la producción de semillas genéticamente modificadas.
De aprobarse la modificación de la ley, la atávica costumbre campesina de sembrar con sus propias semillas, las criollas, se vería amenazada. Los impulsores de la iniciativa aseguran que se crearán bancos de semillas nativas, pero los agricultores, suspicaces, no creen en la promesa si no está plasmada en el instrumento legislativo.
Un campesino santiagueño resumió la preocupación que embarga a los agricultores familiares, en especial los del Noroeste argentino: "La ley deja la puerta abierta para que las empresas patenten nuestras semillas. Si seguimos así mañana la semilla de algarrobo va a ser de una empresa”.Todo indica que el Gobierno nacional, con el apoyo de legisladores de la oposición, dispone de los votos suficientes para aprobar el proyecto. Aunque parida según los mecanismos de la democracia, la ley convalidaría la inequidad resultante de la preponderancia histórica que los grupos concentrados tienen sobre los pequeños campesinos a la hora de tomar decisiones acerca del futuro productivo del país.
