"Una ley de semillas que da más poder a empresas agroquímicas solo puede traer más contaminación para los pueblos fumigados, más destrucción de bosques nativos y menos alimentos saludables accesibles para toda la población", dijo Franco Segesso, miembro del área de campañas de Greenpeace. En su denuncia, la ONG dice que el lobby empresario actúa en sectores diplomáticos, en el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y en amplios sectores del agro argentino.
Algunos de los funcionarios señalados son el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile; el jefe de Gabinete de Agroindustria, Guillermo Bernaudo; y la coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable del mismo ministerio, Beatriz Giraudo. También el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña; el diputado nacional, Pablo Torello; el senador nacional, Alfredo De Angelis, entre otros.
La investigación presentada por Greenpeace destaca que "el lobby es ejercido hacia los funcionarios públicos que tienen vínculos con las empresas o por medio de asociaciones que las representan".
La Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas, conformada por más de 50 organizaciones sociales, campesinas, ambientales y académicas, rechazó cualquier modificación a la Ley de Semillas vigente (N° 20.247). Y reclama esa multisectoral que los senadores y diputados detengan "las maniobras que benefician a los actores del agronegocio y legislen a favor de la salud, la vida y la alimentación de los argentinos".