El fraude alcanzó a ese total de extranjeros, de los cuales 200 son chinos. Además, muchos de ellos se quedaron en un limbo porque no tienen ninguna de las dos ciudadanías. Fue condenada a tres años de prisión en suspenso y a pagar una multa de 70 mil pesos.
Cerca 400 extranjeros, la mitad de ellos oriundos de China, cayeron en un el fraude cometido por una empleada judicial. Olga Liliana Borneo Santillán, empleada de la Secretaría Electoral del juzgado, arrasó con los papeles de todas estas personas y quedaron en el limbo.
Uno de los casos es el de Wei Jia, quien nació hace 50 años en la provincia china de Fujian. En 2001 llegó en Buenos Aires y tardó cuatro años en iniciar el trámite de la carta de ciudadanía, en Córdoba. Pusieron un comercio en Recoleta y compraron una casa. Acá también nació su hijo.
Durante 11 años todo parecía legal, pero la secretaria del Juzgado Federal N° 1, por la que renunció a su ciudadanía natal, lo estafó y así también perdió la ciudadanía argentina.
Ese juzgado cordobés, a cargo del magistrado Víctor Bustos Fierro, recibe todas las semanas inmigrantes en busca de una estadía legal en el país. Wei viajó junto a su madre porque leyó en un diario chino que ahí se hacía el trámite.
En líneas generales, la ley 346 de ciudadanía determina que se le otorga a quienes han residido por más de 2 años en la Argentina, no tienen antecedentes y presentan la documentación exigida para permanecer en el país. Wei cumplió con todo: renunció a su ciudadanía china y en octubre de 2006 juró frente al juez para obtener la argentina.
La pesadilla legal llamó a su puerta en noviembre de 2016. Sin entender el motivo, el Ministerio del Interior le notificó la anulación de su ciudadanía argentina.
El fraude, Wei volvió a cero. Con el agravante de que las leyes chinas prohíben contar con 2 nacionalidades y el hombre de 50 años hoy no es ciudadano de ningún país.
Según determinó la Justicia, la mujer falsificó la firma del juez Bustos Fierro y también la de un fiscal. Sobre ella pesan los delitos de supresión de documento público, falsificación de documento público y partícipe necesaria de falsedad ideológica. Estuvo 4 años a cargo de las cartas de ciudadanía del tribunal, unas 100 por año.
La hermana de Borneo Santillán también participó en la estafa, ella iba a todas las juras de los extranjeros y la ayudaba con las operaciones falsificadas. Pedían entre 4.000 y 5.000 pesos por cada carta.
Fuente: minutouno
