El ICE detuvo al hijo de una congresista colombiana que simpatiza con Trump
La diputada colombiana Ángela Vergara pidió ayuda al Gobierno de Petro tras la detención de su hijo a fines de enero.
La representante colombiana a la Cámara por el departamento de Bolívar, Ángela María Vergara, denunció que su hijo, Rafael Alfonso Vergara, lleva casi un mes detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en lo que describió como “condiciones inhumanas”. La congresista del Partido Conservador Colombiano, alineado con el ideario del presidente estadounidense Donald Trump, hizo pública la situación a través de un video difundido en redes sociales y solicitó la intervención urgente del Gobierno colombiano para garantizar su retorno.
En la grabación, la legisladora afirmó que su hijo no tiene antecedentes penales y que contaba con permiso de trabajo y número de seguridad social en Estados Unidos. Según detalló, también tenía programada para 2028 una audiencia vinculada a su trámite de asilo. “Llevo semanas viviendo lo que miles de colombianos han sufrido este último año: mi hijo retenido por ICE en EE. UU., condiciones duras, miedo, incertidumbre y un desgaste emocional profundo”, explicó Vergara en sus redes sociales
“Un joven que ni siquiera tiene una infracción de tránsito, pero que él, al igual que muchos colombianos, está viviendo un martirio. No han podido regresar a su país y necesitan la intervención urgente del Estado”, expresó la congresista, quien dijo estar hablando “como madre” al pedir ayuda para su hijo y para otros connacionales en situaciones similares.
Vergara sostuvo que el joven fue detenido en el estado de Louisiana durante la madrugada del 28 de enero y posteriormente trasladado a un centro de detención del ICE. Indicó que, tras conocer el arresto, la estrategia legal de la familia se orientó a solicitar el retorno voluntario a Colombia, al considerar que esa vía podría acelerar su salida del sistema de detención migratoria.
En un mensaje publicado en la red social X, la legisladora explicó que había mantenido silencio durante las primeras semanas porque confiaba en las garantías del sistema judicial estadounidense, pero decidió hacer pública la situación ante lo que describió como un “desgaste emocional profundo” frente a la tardanza del proceso. “Alzo la voz desde lo humano por las familias que sufren sin ayuda; por colombianos que hoy son tratados como delincuentes sin serlo”, escribió.
La congresista pidió formalmente la intervención de la Cancillería colombiana para coordinar el retorno de su hijo y de otros ciudadanos detenidos. En una carta dirigida a la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, solicitó acelerar los vuelos humanitarios de repatriación con apoyo de la Fuerza Aérea, a fin de evitar detenciones prolongadas de personas que ya solicitaron salida voluntaria o no enfrentan procesos judiciales pendientes.
El caso se produce en el contexto de un endurecimiento de la cruzada antiinmigrante en Estados Unidos bajo la administración de Trump. Desde su regreso a la Casa Blanca, el mandatario reforzó la financiación y las atribuciones del ICE y de la Patrulla Fronteriza, ampliando la capacidad operativa para realizar detenciones y redadas que organismos de derechos civiles señalan como abusivas.
De acuerdo con cifras oficiales de la Administración estadounidense, más de 650.000 inmigrantes sin documentación fueron deportados en el último año. Además, un informe citado esta semana por la cadena CBS, basado en datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), indicó que cerca de seis de cada siete migrantes detenidos por el ICE en el primer año de la actual gestión no tienen historial criminal violento.
El mismo reporte señala que aproximadamente cuatro de cada diez detenidos no registran ningún antecedente penal y que, en varios casos, las acusaciones se limitan a infracciones civiles vinculadas a la situación migratoria, como permanecer en el país tras el vencimiento de la visa. En paralelo, una investigación de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) documentó que, entre febrero y septiembre de 2025, un promedio mensual de 6.000 migrantes latinos sin antecedentes penales ingresó en centros de detención migratoria.
Ser aliado no alcanza
El pronunciamiento de Vergara también generó reacciones en redes sociales debido a su pertenencia al Partido Conservador y a su cercanía ideológica con sectores republicanos en Estados Unidos. En septiembre del año anterior, en medio del enfrentamiento entre Petro y Trump por las críticas del colombiano a las medidas antiinmigrantes, que Estados Unidos enmarca como “lucha contra el narcotráfico”, el Partido Conservador expresó su “respeto” por la administración del magnate, respaldó medidas más severas y reafirmó su compromiso de trabajar junto a Washington en su agenda migratoria.
Ese posicionamiento fue citado por dirigentes opositores como ejemplo del alineamiento de los conservadores con la política de mano dura que hoy afecta de manera directa a la familia de la congresista. Sin embargo, la legisladora rechazó versiones que la señalan como promotora de deportaciones masivas o de una eventual intervención extranjera en Colombia, y afirmó que no existen pruebas que respalden esas acusaciones.
El propio Partido Conservador Colombiano manifestó su solidaridad con la representante y su familia. En un comunicado, expresó apoyo ante “la difícil situación” que atraviesan y extendió el respaldo a otros colombianos que, en procesos legales de asilo y sin antecedentes penales, enfrentan detenciones prolongadas en el exterior.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no emitieron una declaración pública específica sobre el caso de Rafael Alfonso Vergara. La situación continúa en trámite mientras la familia insiste en la solicitud de retorno voluntario y en la intervención diplomática para acelerar el proceso.
Por su parte, el Gobierno del presidente Gustavo Petro reanudó en las últimas semanas los vuelos de repatriación de ciudadanos colombianos desde Estados Unidos, luego de una suspensión inicial motivada por reclamos sobre las condiciones de retorno. “Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece”, había afirmado el mandatario en medio de la negociación.
