El organismo de la OEA solicitó protección para los pueblos indígenas afectados por la represa de Belo Monte y exigió que se los consulte antes del avance de las obras.
La represa hidroeléctrica de Belo Monte, en el corazón de la Amazonia, tiene un costo total de unos 11 mil millones de dólares y, de completarse, será la tercera en el mundo en términos de capacidad. Su construcción, sin embargo, ha sido cuestionada e interrumpida por diversos reclamos, varios de ellos por cuestiones ambientales.
En este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió que Brasilia adopte medidas cautelares para una docena de pueblos indígenas, entre ellos comunidades que viven en aislamiento voluntario en la cuenca del río Xingu.
La solicitud de medida cautelar alega que la vida e integridad personal de los beneficiarios estaría en riesgo por el impacto de la construcción de la usina hidroeléctrica Belo Monte, explicó el texto de presentación.
La Comisión solicitó, además, que el gobierno de Dilma Rousseff realice procesos de consulta, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, en el sentido de que la consulta sea previa, libre, informada, de buena fe, culturalmente adecuada y con el objetivo de llegar a un acuerdo, añadió la nota.
Ante la nota de la CIDH, la cancillería brasileña se declaró perpleja y consideró precipitadas e injustificadas las medidas cautelares solicitadas.
Están siendo observadas con rigor absoluto las normas pertinentes para que la construcción -de la hidroeléctrica- tenga en cuenta todos los aspectos sociales y ambientales, aseguró la cancillería.infobae.com
