4 de octubre de 2010 - 00:00
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Ecuador evalúa levantar el estado de excepción, con la polémica ley ya en vigencia
La polémica Ley de Servicio Público, que generó el conflicto con la Policía y la intentona golpista en Ecuador, entró hoy en vigencia, sin que la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, analice el veto parcial del presidente, Rafael Correa, que eliminó condecoraciones, bonos y canastas navideñas para los empleados del sector público.
Ahora, el ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, adelantó que el Ejecutivo evaluará si levanta o mantiene el estado de excepción.
Por lo pronto, mientras avanzan las investigaciones dentro de la Policía Nacional, a los uniformados motorizados se les retiraron las armas, se dispuso un sistema de vigilancia interno y se retiró el mando a varios jefes policiales.
La Fiscalía está trabajando sobre videos y fotografías para determinar identidades de los cabecillas y de infiltrados, y se analizan los intercambios que registró la central de comunicaciones de la institución.
Jalkh admitió que la seguridad (oficial) fue insuficiente y explicó que tras un primer intento de Correa de entrar al Regimiento, debía volver a intentarlo, porque no podía quedar el precedente de que el mandatario estaba imposibilitado de ingresar a un cuartel, cuando es jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía.
El ministro, ratificado en su cargo el jueves en la noche, puso de relieve que varios grupos policiales no se unieron a la revuelta, como el Grupo de Operaciones Especiales y el Grupo de Intervención y Rescate.
Jalkh ratificó la teoría de que hubo un intento de matar al presidente y se lo mantuvo secuestrado, algo que fue puesto en duda por médicos, personal y hasta pacientes del Hospital, que dijeron que Correa se quedó en el lugar porque se negó a irse y estaba en total libertad.
Mientras, la ministra coordinadora de la Política, Doris Soliz, ratificó que es imprescindible enjuiciar a los culpables de la intentona y consideró a la amnistía propuesta por algunos sectores como una estratagema para el olvido, una carta de salida a la impunidad.
Los pronunciamientos apresurados de ciertos grupos para tratar de aglutinar fuerzas opositoras, si bien no tuvo mayores ecos, devela la naturaleza mezquina de la oposición. El silencio cómplice de otros sectores es un signo elocuente de complicidad, subrayó Soliz.
El día previo al término del estado de excepción mostró, además, que los militares comenzaron ceder el control interno del país a la Policía, aunque un gobernador admitió que el proceso de recuperación de la confianza social en la institución será difícil.
El progresivo restablecimiento de las funciones por parte de los agentes policiales, una vez superada la crisis institucional registrada el jueves, llevó a los militares a limitar su contingencia en puntos considerados estratégicos, y a la Policía a recuperar cuestiones vinculadas a la seguridad ciudadana y el orden público.
Según el diario estatal El Telégrafo, el jefe de la Unidad de Control de Armas de la Policía, William Ramos, quien participa de las operaciones de Alerta 1 (estado de excepción), confirmó que la institución tomó el control de la seguridad pública.
El gobernador del Guayas, Roberto Cuero, sumó su postura a la polémica, al considerar también que el Partido Sociedad Patriótica, del ex militar Lucio Gutierrez, estuvo detrás de la intentona, y sus dirigentes azuzaban a policías que reclamaban derechos que ni siquiera ellos mismos entendían.
Para Cuero, recuperar la confianza en la Policía será difícil, será una tarea compleja.
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