Ministros de la Unión Europea acordaron un pacto común de inmigración
Los ministros del Interior de la Unión Europea acordaron hoy un Pacto de Inmigración y Asilo que establece principios comunes para que los 27 países miembros gestionen la llegada de extracomunitarios.
(Télam) - El pacto, que será adoptado formalmente por los líderes de la UE en la cumbre que celebrarán el 15 y el 16 de octubre, apunta a mejorar la administración de inmigración legal, reforzar el control sobre la ilegal y establecer un política común de asilo, informa la agencia de noticias DPA.
Los críticos aseguran que la versión final aprobada hoy resultará ineficaz por dejar demasiado poder a los gobiernos nacionales. Así, por ejemplo, el pacto insta a los socios comunitarios a atraer trabajadores de alta cualificación de fuera del bloque, pero deja en manos de cada gobierno la potestad de decidir cuántos y de qué tipo puedan admitir en sus respectivos países.
El reclamo de mayor capacidad de decisión en esta materia por parte de los gobiernos particulares también hundió en la práctica el proyecto de una Tarjeta Azul para toda la UE, que, según el plan de la Comisión Europea, garantizaría mejores condiciones de vida y de trabajo a los profesionales extracomunitarios.
El pacto también pide a los países miembros que refuercen el control de la inmigración ilegal y mejoren la eficacia de la vigilancia de las fronteras externas, por ejemplo instaurando una base de datos común con las huellas digitales de los extranjeros que ingresan en la UE.
Otra propuesta permitiría que un gobierno nacional aplique una orden de expulsión emitida por otro país.
Los críticos apuntan en este caso que Frontex, la agencia que controla las fronteras del bloque, sigue careciendo de fondos suficientes para cumplir sus funciones, en tanto que un reciente informe del Centro para Estudios de Política Europea indica que hay pocos indicios de que pueda implementarse el reconocimiento mutuo de órdenes de expulsión.
Los planes para una política de asilo común avanzan con lentitud y no se espera que pueda entrar en vigor antes de 2012. Una prueba de las dificultades que presenta esta cuestión es la negativa de diversos países miembros a distribuir en el bloque unos 10.000 refugiados iraquíes altamente vulnerables, como pidieron Suecia y Alemania.
