El coordinador del programa educativo en el penal alertó sobre la falta de avances en la prevención de la tortura y cuestionó a los Derechos Humanos por no crear leyes fundamentales.
El reciente informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura sobre las agencias de seguridad en Catamarca volvió a dejar en evidencia las graves falencias que atraviesa el sistema penitenciario. Mario Alanís, especialista y coordinador del programa de la Facultad de Humanidades en el Servicio Penitenciario, fue categórico: "Es inaceptable".
Recordó que el Estado provincial ya había sido advertido en 2022 por el mismo comité y que, sin embargo, “no se asumió la responsabilidad de avanzar en cambios estructurales”. En ese sentido, Alanís denunció que sigue vigente el Decreto Ley 4663 de 1991, emitido durante una intervención federal, que habilita prácticas contrarias a los derechos humanos. “Ninguna gestión democrática derogó esa norma. Es una falta de voluntad política”, afirmó.
"Yo creo que hay un problema que cualquiera de las fuerzas que asuma la conducción del estado le ponga un limite a la policía, esto es un hecho, es real y no deberíamos tener dificultad de reconocerlo porque es así", manifestó Alanís.
Además, señaló que Catamarca continúa sin un mecanismo local de prevención de la tortura, a pesar de ser uno de los ejes señalados en los informes nacionales. “Es una de las seis provincias que no tiene un instituto que prevenga abusos en contextos de encierro”, dijo.
Pero también fue crítico con el rol de la sociedad civil: “Hay un déficit notorio en las organizaciones sociales, en los organismos de derechos humanos y en el área del Estado vinculada al tema. Nunca leí un pronunciamiento concreto reclamando al Estado la creación de ese instituto”, afirmó, y llamó a repensar el enfoque actual: “La lucha por los derechos humanos no puede quedarse anclada solo en los delitos de los años 70. Debe extenderse al presente, a cómo funciona hoy el Estado, y eso incluye garantizar los derechos en contextos de encierro”.
Finalmente, Alanís apuntó a una contradicción estructural: “Durante mucho tiempo, el área de Derechos Humanos dependía del mismo ministerio que el de Seguridad. ¿Cómo esperar que impulse cambios reales si tenía menos peso institucional y político? Nada pasó. Y hoy seguimos igual”.
