Un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria alertó sobre el impacto de las políticas de ajuste en el PAMI. El estudio señala que el Instituto recortó la cobertura de medicamentos para sus afiliados, interrumpió la provisión gratuita de anteojos, eliminó programas de prevención de enfermedades recurrentes en los adultos mayores, redujo las prestaciones de trasplantes y limitó la cantidad de alimentos que entrega a los centros de jubilados.
Como parte de su estrategia para "contener gastos” en los servicios que contrata a prestadores privados, el PAMI modificó en abril el sistema modelo de pago para las clínicas y profesionales. La decisión fue implementada a través de la resolución 395/2017 y tuvo como correlato un ajuste de entre 22,9 y 36,9 por ciento del financiamiento para estudios diagnósticos.
El informe advierte que "las consecuencias de estos cambios para los afiliados son la disminución del acceso y de la calidad de los servicios que se ve reflejada en la dificultad para obtener turnos, el desgaste de los pacientes y el aumento del gasto de bolsillo”.
Durante el primer mes de vigencia del nuevo sistema varias clínicas privadas en el conurbano bonaerense, Tierra del Fuego, Entre Ríos y Salta recortaron la atención para los afiliados del instituto.
A pocas semanas de asumir como nuevo interventor del PAMI, Sergio Cassinotti, firmó la resolución que modificó el modelo de financiamiento de las prácticas garantizadas a sus afiliados a través de prestadores privados. La normativa reemplazó el esquema de pago por prestación con un sistema de pago por cápita para los servicios básicos. Desde el PAMI sostienen que el cambio apuntó a simplificar procesos, aportar mayor previsibilidad en los ingresos de los profesionales y obtener un mejor control financiero de las erogaciones para mejorar la calidad de los servicios que brinda a sus afiliados.
"Cuando este tipo de reestructuración es realizada garantizando el acceso y la calidad del servicio prestado, se puede hablar de una mejora en la eficiencia del sistema. Pero si no logra sostener estos dos parámetros (calidad y acceso), no son más que recortes presupuestarios que afectan directamente la salud y calidad de vida de la población”, indica el informe de la Fundación Soberanía Sanitaria.
Las estimaciones realizadas por ese equipo de investigadores arrojan que, más allá del cambio de modelo, lo que se observa es un ajuste los fondos destinados a financiar esas prestaciones. El financiamiento para análisis clínicos de laboratorio de baja y alta complejidad se redujo 22,9 por ciento, en el módulo de ecografías el recorte alcanza al 25,4 por ciento respecto del sistema anterior y para las prácticas de radiología asciende hasta 36,9 por ciento.
Una reducción similar a la experimentada por esos prestadores de servicios se realizó a las clínicas privadas con las que trabaja el PAMI: las empresas estiman un gasto mensual de 650 pesos por afiliado y con la nueva resolución pasarán a recibir 420 pesos.
