La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia difundió recientemente un informe que expone una realidad dolorosa y persistente. Durante 2024 se registraron 3.182 denuncias de violencia familiar contra niños, niñas y adolescentes, dato que apenas permite entrever la dimensión de un fenómeno mucho más extendido y profundo.
El relevamiento oficial señala que el 52% de las víctimas fueron mujeres y que la edad promedio fue de apenas 9 años. En ocho de cada diez casos existía un vínculo directo con el presunto agresor: el 66% eran padres y el 34% madres. En el 95% de las denuncias se constató maltrato psicológico o emocional, en el 37% violencia física y en el 9% abuso sexual.
Es necesario enfatizar que estas cifras reflejan únicamente los casos que fueron denunciados. La experiencia y los estudios especializados coinciden en que la cantidad real de situaciones de maltrato infantil es muy superior. Dimensionar la envergadura de ese universo invisible no es sencillo, pero existen metodologías que permiten aproximarse. Una de ellas compara encuestas de prevalencia —en las que adultos reconocen de forma anónima haber sufrido violencia en su infancia— con los registros administrativos de la policía, la Justicia y los servicios sociales. A partir de ese cruce, los expertos estiman que solo entre el 10% y el 15% de los casos graves llegan a formalizarse como denuncias.
Otros trabajos advierten un panorama todavía más preocupante. Un estudio de Unicef sostiene que alrededor de la mitad de los niños y niñas del mundo sufre algún tipo de violencia cada año.
El subregistro es tan amplio porque las víctimas son menores de edad, con enormes dificultades para denunciar por sí mismas, y porque no siempre los adultos de su entorno actúan como deberían. En muchos casos, quienes ejercen la violencia son los propios padres u otros familiares cercanos, lo que refuerza el silencio y, consecuentemente, la impunidad.
Catamarca tampoco está al margen de esta problemática. En los últimos dos años se conocieron varios episodios de extrema gravedad que tomaron estado público a medida que avanzaron las investigaciones judiciales. En abril de 2025, una niña debió ser internada por las severas lesiones provocadas por un adulto, hecho que derivó en la intervención policial y judicial. En septiembre de 2024, docentes alertaron sobre una alumna que presentaba hematomas y rasguños compatibles con maltrato en el hogar; ese mismo mes, una mujer fue detenida por golpear y amenazar de muerte a sus hijos. En agosto de 2024, una pareja fue condenada por torturar a sus tres hijos, y en marzo de ese año el padrastro de una niña de cuatro años quedó detenido por causarle golpes de extrema gravedad.
Ante este escenario, resulta imprescindible que las autoridades asuman la gravedad del flagelo y actúen con decisión. Cumplir y hacer cumplir la Ley Lucio —norma de alcance nacional a la que Catamarca adhirió— es una responsabilidad indelegable. La ley busca fortalecer la protección integral de niños, niñas y adolescentes y garantizar la capacitación de quienes tienen contacto cotidiano con ellos para prevenir, detectar y denunciar situaciones de violencia y abuso.
