La crisis económica que atraviesa la Argentina no solo golpea a los sectores más vulnerables o a los asalariados activos, también está forzando a miles de personas que ya alcanzaron la edad jubilatoria a seguir trabajando. Según un reciente dosier estadístico del INDEC, el 17,1% de los adultos en edad de jubilarse continúa en actividad, muchos de ellos de manera informal para no perder el beneficio previsional.
El deterioro de los haberes previsionales no es un fenómeno nuevo. Desde hace una década, el poder adquisitivo de las jubilaciones viene cayendo, y aunque los gobiernos cambian, la tendencia se profundiza. Durante la gestión libertaria, la situación se agravó al punto de duplicarse en un año el porcentaje de jubilados pobres. De los 4,5 millones de beneficiarios que en septiembre cobraron el haber mínimo de 390.214 pesos —bono incluido—, quienes no cuentan con ayuda familiar o algún ahorro previo apenas logran cubrir una tercera parte de la canasta básica para adultos mayores, que en octubre llegó a 1.514.074 pesos, según la Defensoría de la Tercera Edad. Aún peor es la situación de los beneficiarios de la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) y de las pensiones no contributivas, que con el bono incluido apenas alcanzaron los 326.222 pesos.
A esta pérdida de poder adquisitivo se suma la reducción de beneficios que, durante años, habían sido un alivio parcial. El PAMI ya no cubre el 100% de varios medicamentos esenciales y se endurecieron los criterios para acceder a los que aún mantienen la cobertura. La combinación de precios en alza, haberes depreciados y menos prestaciones configura un cuadro social alarmante.
En ese contexto, el debate sobre una nueva reforma previsional adquiere una gravedad particular. El actual gobierno -como lo tenía el de Mauricio Macri- tiene entre sus objetivos una modificación estructural del sistema jubilatorio, que incluiría la suba de la edad de retiro —hasta los 65 años para las mujeres y 70 para los hombres—. El antecedente es conocido: el proyecto impulsado por Cambiemos enfrentó una fuerte resistencia popular y terminó naufragando. La administración libertaria esperará hasta después de las elecciones de octubre para presentar su versión.
Sin embargo, en la práctica, el mercado ya impuso su propia reforma. Los bajos salarios y la insuficiencia de las jubilaciones han forzado a que miles de personas sigan trabajando más allá de lo que la ley exige. Algunos lo hacen por elección, por mantenerse activos o sentirse útiles; la mayoría, por pura necesidad.
Cualquier cambio que se impulse en el futuro no debería repetir los errores del pasado ni profundizar la desigualdad existente. Una verdadera reforma previsional debe tener como objetivo mejorar la calidad de vida de los jubilados, no extender su agonía laboral ni reducir su poder adquisitivo. Porque si jubilarse significa empobrecerse, algo más que el sistema previsional está fallando en la Argentina.n
