domingo 7 de agosto de 2022

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Mirador Político

Un reto para la Justicia provincial

El procesamiento al clan Bulacio, la línea ejecutiva y los presuntos cómplices del fraude piramidal en RT Inversiones...

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26 de junio de 2022 - 00:35

El procesamiento al clan Bulacio, la línea ejecutiva y los presuntos cómplices del fraude piramidal en RT Inversiones tiene la virtud de la simpleza.

En lugar de oficiar como mediador entre estafadores y estafados, el juez federal subrogante Sebastián Argibay se circunscribió a su competencia y endilgó a los procesados intermediación financiera no autorizada. Las estafas, sentenció, deben ser investigadas por la Justicia provincial y a ella tienen que concurrir los reclamos en tal sentido.

El fallo coloca a los damnificados por RT Inversiones más cerca de la eventual recuperación de su dinero, mientras el desarrollo de los expedientes del resto de las financieras que esquilmaron a sus clientes con supuestas inversiones en criptoactivos se dilata, embarbascado en la estrategia de defensa adoptada por el pionero en la aplicación del método en Catamarca, Edgar Adhemar Bacchiani: exploraciones por la economía virtual, sin más brújula que la que los encartados se avienen a proporcionar, que permitirían, una vez que tengan éxito, devolver lo robado. Bacchiani reiteró la secuencia esta semana en Córdoba, en la nueva indagatoria a la que lo sometió la fiscal de Delitos Especiales, Valeria Rissi.

Argibay despejó en poco más de un mes la vía adecuada para que los defraudados obtengan resarcimientos, que es la de la Provincia.

Para el juez, está probado que los responsables de RT Inversiones incurrieron en intermediación financiera sin autorización, pero los elementos que pudieron reunirse no bastan para el lavado de activos.

El dinero, dice, era “de los ahorristas”. Los financistas destinaban una parte a pagar las utilidades de otros inversores: un esquema Ponzi de manual, sobre cuyo esclarecimiento no avanza porque es competencia de la Justicia provincial, hacia la que derivó las actuaciones.

Otra instancia

Quedan por delante las apelaciones, que resolvería la Cámara Federal de Tucumán. En ese derrotero, hay que ver qué hace el Ministerio Público Fiscal de la Provincia con lo que le tocó en el reparto.

Si bien el margen para declinar competencia sobre hechos que son vulgares estafas es estrecho, la actitud de los fiscales locales en este asunto de las cripto-pirámides ha sido despegar de inmediato para girar las denuncias a la Justicia Federal.

En el caso concreto de RT Inversiones, esta vía parece clausurada. En poco más de un mes, Argibay terminó con lo que le compete y es concluyente: no tiene más que decir ni hacer, ni le corresponde.

Marca una vía que acaso los fiscales federales y su par Miguel Contreras, que se apartó por amistad con Edgardo Bulacio padre, se arrepienten de no haber tomado, acosados por acreedores de Bacchiani y sus émulos menos interesados en que se establezca una verdad jurídica que en la recuperación de sus capitales.

El asedio es instigado por estudios jurídicos que accionan en una sintonía con la defensa de Bacchiani insólita por su carácter público.

Hay que sacar del medio la domiciliaria, que es lo de menos.

Con Bacchiani en la cárcel, su casa o libre, lo que el defensor y los querellantes procuran es que se le facilite al “Trader God” acceso a los instrumentos informáticos que utilizó para cometer los delitos que se le imputan. Entre ellos se cuenta la higienización de dinero sucio, sobre la que todavía no existe, en su caso, sentencia alguna.

Este beneficio significaría para los clientes de estos bufetes una ventaja incongruente con las tipificaciones que habilitan la competencia federal.

¿Con qué pagaría Bacchiani?

¿El dinero que abone a sus acreedores, material o virtual, proveniente de billeteras calientes, frías o tibionas, quedaría limpio con la maniobra?

Si paga a unos con la plata que depositaron otros ¿no se le estaría permitiendo la continuidad de la piramidal?

Un abogado al que la Justicia provincial le rebotó la denuncia por estafa lo planteó al oponerse a la domiciliaria.

“Resulta un delirio que el imputado por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita, estafas reiteradas, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada pretenda transformar el fuero penal de un juzgado federal en un fuero ordinario comercial”, señaló. Para el letrado, “todos los activos de propiedad del imputado que en el proceso de investigación resulten embargados, secuestrados y/o decomisados, solo podrán ser dispuestos una vez que exista una condena firme en contra del imputado, nunca antes”.

Esto es, mientras más rápido se avance en el esclarecimiento de los delitos, más se arrimará el momento de las reparaciones. Si hay dinero “negro”, como se presume, el procedimiento para el blanqueo está a mano: su secuestro y conversión en prenda común de los acreedores.

El desafío

El deslinde de competencias plantea un desafío importante para la Justicia de la Provincia, que no disputó sus prerrogativas específicas al Juzgado Federal. Frente al mismo dilema, la cordobesa Rissi se aferró a su expediente y avanza en el esclarecimiento de los hechos en la sede mediterránea de Adhemar Capital.

El Ministerio Público Fiscal catamarqueño tiene ante sí la oportunidad de revertir la defección inicial y comprometerse en la investigación de un ecosistema de despojo colectivo configurado en un año, desde que Bacchiani decidió masificar el cebo de las utilidades desmesuradas a través de inversiones en criptomonedas a mediados de 2020.

La proliferación de financistas cripto exacerbó la competencia por la captura de depósitos y agotó la cantera de contribuyentes a las pirámides.

Fueron estafas y son los fiscales provinciales quienes tienen que entender en ellas desde un principio, aunque la Fiscalía Federal hubiera iniciado una investigación preliminar de oficio en septiembre de 2020.

La sentencia Argibay ordena competencias y responsabilidades.

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indagatoria. se realizó ayer a la mañana en fiscalía penal.

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