Sobreseídos sin juicio. Los cuatro encartados por el violento asalto a mano armada de Parque América.
En sintonía con el rigor punitivo que promueve el Gobierno nacional, los diputados del interbloque libertario presentaron un proyecto de ley para introducir en el Código Procesal Penal de la Provincia el concepto de “reiterancia delictiva”. La propuesta tiende a facilitar la imposición de la prisión preventiva a delincuentes contumaces con dos o más procesos abiertos simultáneamente.
Responde, arguyen sus promotores, a “una percepción social extendida y fundada respecto de la existencia de una verdadera “puerta giratoria” en el sistema penal, mediante la cual personas imputadas en uno, dos o múltiples procesos penales continúan recuperando su libertad sin que el proceso penal logre cumplir eficazmente su función preventiva”.
“Esta situación erosiona la confianza pública en la Justicia y en la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley”, concluyen.
Compártanse o no estos fundamentos, el impulso que los libertarios pretenden imprimir a la iniciativa es propicio para recordar que desde hace un año duerme en la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados un proyecto de ley de la ex diputada Silvana Carrizo para reglamentar a nivel provincial el instituto de la “extinción de la acción penal por conciliación o reparación integral del daño” establecido en el Código Penal.
Se trata de una laguna legal que quedó en evidencia el año pasado, cuando el ex juez Rodolfo Maidana, a instancias del fiscal Hugo Leandro Costilla, concedió las polémicas “absoluciones pagas” a los cuatro encausados por el violento asalto perpetrado contra Matías Rolón Reynoso, procesado por las criptoestafas en RT Inversiones, en su domicilio del barrio Parque América.
Carrizo presentó el proyecto en el marco del escándalo provocado por la insólita disposición, que precipitó la apertura de dos Jurys en contra de Maidana y Carrizo, instigados por el también ex diputado Hugo Ávila.
El juicio político a Maidana no llegó a desplegarse porque se jubiló. El de Costilla naufragó tras meses de traumático trámite, debido a que el tribunal del Jury se autoboicoteó y se empecinó en obligar a actuar al fiscal de Cámara Miguel Mauvecín, que tenía evidentes y comprobables vínculos de amistad con su colega y no formuló acusación después de que le rechazaron la inhibición.
Por cuerda aparte, la fiscal Paola González Pinto planteó ante la Corte Justicia la nulidad de las “absoluciones pagas” por considerarlas “cosa juzgada írrita”. La Sala Penal anuló la sentencia de Maidana, pero la sala de Doble Conforme, en fallo dividido, alegó defectos procedimentales y giró el expediente a la Justicia de Garantías sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.
La línea defensiva de Maidana y Costilla estribó en que la extinción de la acción penal por acuerdo de partes está contemplada en el Código Penal de la Nación pero no fue reglamentada en el Código Procesal de la Provincia, por lo que estaban en condiciones de aplicar sus criterios sin restricciones.
El dispositivo ya se había utilizado en otras oportunidades, pero para delitos menores. El del asalto de Parque América fue el primer y único caso hasta ahora en el que se habilitó para un atraco violento, en el que uno de los acusados ostentaba una frondosa foja de antecedentes y ninguno estaba en condiciones de demostrar el origen lícito del dinero con el que, supuestamente, resarcieron a las víctimas. Adicionalmente, se comprobó que los Rolón Reynoso movían dinero a cuentas virtuales a pesar de estar inhibidos como reos de las criptoestafas.
Ya que se introduciría en el Código de Procedimientos la “reiterancia delictiva”, no estaría de más reglamentar las “absoluciones pagas”, aprovechando que hay un proyecto ya presentado al respecto.
De paso, también podría reformarse la ley de Jury, para evitar en el futuro controversias como las que vienen sucediéndose desde el proceso abierto en contra del fiscal Laureano Palacios por su desempeño en el inicio de la Causa Rojas. Son incidentes institucionales que, como la “puerta giratoria” del sistema penal, “erosionan la confianza pública en la Justicia”.
