Trabaja en la comisaría Décima y trabajó en Inteligencia Criminal. Tenía pedido de captura emitido por la fiscalía y se entregó en la Brigada.
Al cierre de esta edición se llevaban a cabo varios procedimientos en el marco de la causa que investiga a particulares y a funcionarios de la Dirección General de Catastro, de la Dirección de Registro de la Propiedad Inmobiliaria, de la Dirección General de Rentas, de Fiscalía de Estado y de la Policía de la Provincia, entre otras reparticiones.
Fuentes judiciales informaron además que, por la naturaleza de la causa, la cantidad de información producida en la jornada de ayer y la agenda judicial, las ocho personas detenidas en el marco de la investigación comenzarán a ser indagadas mañana a la tarde.
La causa se tramita en el más absoluto hermetismo por parte del Ministerio Público Fiscal y es investigada por el fiscal Hugo Costilla, quien enfrenta un jury de enjuiciamiento junto al juez Rodolfo Maidana por el polémico acuerdo firmado entre las partes que liberó a los acusados del asalto a los hermanos Rolón Reynoso en el barrio Parque América.
En la mañana de ayer y tras conocer que contaba con pedido de captura emitido por el fiscal Costilla, el oficial principal Denis Chaile –oriundo de la ciudad de Santa María-, se entregó al personal apostado en la Unidad de Investigaciones.
Por la fuerte repercusión que tuvo la noticia, desde la Policía de la Provincia informaron que “sobre las medidas que se están tomando en relación con los hechos de público conocimiento que involucran a efectivos policiales, esta Jefatura, bajo órdenes estrictas del Ministerio de Seguridad, asegura que colaborará plenamente con la Justicia para esclarecer los hechos y determinar las sanciones correspondientes".
El oficial trabaja actualmente en la comisaría Décima y se desempeñó en la sensible área de Inteligencia Criminal.
Por orden judicial, se le retuvo el arma y paralelamente se iniciaron las actuaciones administrativas en la Dirección de Asuntos Internos, que depende directamente del Ministerio de Seguridad, a cargo de Fabiola Segura.
Otras fuentes consultadas por El Ancasti informaron que uno de los detenidos el viernes durante la realización de 14 allanamientos simultáneos efectuados en los departamentos Valle Viejo, Capital y Fray Mamerto Esquiú, es Mario del Campo, hijo del ex legislador provincial.
De acuerdo con los primeros testimonios, el sujeto habría sido el líder de la banda compuesta además por abogados y altos funcionarios del fuero Civil y Comercial.
Desde la fiscalía de Costilla no se divulgaron oficialmente los nombres de los sospechosos, que se espera conocer en las próximas horas cuando el Ministerio Público Fiscal formalice la imputación a cada uno de los detenidos.
El paso posterior, que suele ser llevado a cabo en el mismo acto en que se notifica la imputación, es la realización de la audiencia de declaración indagatoria, que en un primer momento se anunció para la mañana de ayer pero, por la complejidad y envergadura del proceso, se postergó para la tarde de hoy.
Entre los sospechosos, además de otros integrantes de la familia Del Campo, habría un usurero de apellido Agulles, una persona vinculada al gremio de los gastronómicos de apellido Vega, otra de apellido Gordillo relacionada con Fiscalía de Estado, y varios abogados del fuero local.
El diputado provincial Hugo "Grillo" Ávila advirtió ayer por redes sociales que “en los últimos días en Catamarca las noticias son por allanamientos, incautaciones de droga, investigaciones por estafas; pareciera ser que hacía falta denunciar penalmente a la ministra de Seguridad; ahora un allegado de la ministra está detenido, pareciera ser que era necesario pedir juicio político a fiscales y a jueces”.
Consideró que “se preocupan por llevar adelante investigaciones” y aseguró que “acá hay una mafia que se dedica a despojar a los legítimos dueños de la tierra en toda la provincia”.
“La próxima semana voy a hacer presentaciones con denuncias penales por procesos de apropiación y enajenación de campos importantes en el este, donde está vinculado el poder político local con el provincial, y en el oeste. Esto de las mafias organizadas en Catastro y el Registro de la Propiedad, el Poder Judicial, para poder llevar a delante expropiaciones, apropiaciones, enajenaciones y quita de tierras a sus dueños es algo que viene de hace muchísimo tiempo y está vinculado de manera directa a los más altos niveles de la política de la Provincia de Catamarca”, finalizó.
En igual sentido y por los mismos canales, la diputada de la UCR y presidenta de bloque, Silvana Carrizo, emitió un comunicado sobre "Corrupción al descubierto. Un juego peligroso. Un grupo de siete sospechosos ha sido detenido en una operación que revela una compleja red de estafas procesales. Desde organismos gubernamentales hasta la Policía y la Justicia, todos se ven involucrados en un oscuro entramado de corrupción. ¿Cómo lo hacían? Comenzaban en Catastro y el Registro de la Propiedad, donde conseguían información privilegiada para despojar a los propietarios de sus bienes. Exigimos transparencia y justicia en nuestros organismos. El estado de derecho no debe ser una fachada”.
Se detectaron denuncias previas por usurpación y otras presentadas en años anteriores, que permitieron recolectar nuevos datos. A medida que se examinaban los expedientes surgieron coincidencias y un patrón común que vinculaba a todos los casos.
Para los detectives, los siete sospechosos formaban parte de una banda que operaba a través de una compleja red de contactos dentro de organismos públicos y privados para ejecutar estafas procesales.
La operación comenzaba en Catastro y el Registro de la Propiedad, donde obtenían información sobre propiedades y títulos, y saneaban títulos para poder disponer de ellos de manera fraudulenta.
Un dato clave en el modus operandi es que las víctimas nunca fueron notificadas de los procesos judiciales en su contra. Para ello, los usurpadores contaban con la complicidad de empleados del Juzgado Comercial y de Ejecución, quienes proporcionaban información privilegiada sobre los trámites y les aseguraban un tratamiento preferencial en las causas. Además, manipulaban la designación de martilleros para asegurarse que el remate de los bienes se ejecute según sus intereses.
Otra maniobra fundamental de la estafa era la falta de notificación a los deudores. A través de empleados de las Oficinas de Notificación lograban que las citaciones nunca llegaran a destino. Las víctimas tomaron conocimiento de los procesos en su contra cuando sufrieron el secuestro de sus vehículos o descuentos en sus haberes. En ese momento descubrían que tenían un juicio ejecutivo en su contra sin haber sido debidamente informados.
Funcionarios policiales figuran como titulares de créditos y accionantes desempeñando un rol operativo, siguiendo a los deudores en vehículos y tomando fotos de sus autos. Firmado el embargo, alertaban al martillero para proceder con el secuestro del bien. El acceso a información bancaria de las víctimas era otra de sus estrategias. Contaban con empleados de bancos que les proporcionaban datos sobre cuentas y movimientos financieros. La organización utilizaba tanto mecanismos legales acelerados como métodos completamente ilegales. n
