La reciente caída de los ingresos del fisco nacional se ha convertido en un nuevo síntoma de los problemas estructurales que enfrenta el gobierno de Javier Milei en el terreno económico. El retroceso no se limita a un problema de contabilidad pública, sino que tiene asimismo consecuencias directas sobre el federalismo fiscal argentino, porque arrastra también una merma en las transferencias automáticas que la Nación gira a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. En septiembre, esos envíos cayeron un 10% en términos reales respecto al mismo mes del año pasado.
Si bien la comparación interanual se explica en parte por la elevada base de ingresos generada por el Blanqueo y el impuesto a los Bienes Personales en septiembre de 2024, la tendencia no se reduce a ese factor excepcional. También hubo una caída respecto de agosto, del 2,8%, lo que refleja un deterioro más profundo. Para los fiscos provinciales este fenómeno es especialmente delicado: las transferencias automáticas, que incluyen la coparticipación, constituyen la principal fuente de ingresos para sostener el funcionamiento de sus economías y sistemas públicos.
El recorte tiene como agravante la reticencia del gobierno libertario a enviar fondos no automáticos, como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que en otras épocas funcionaban como un salvavidas en situaciones de emergencia fiscal. De ese modo, Milei no solo mantiene una política de ajuste en las cuentas nacionales, sino que la traslada a las provincias, dejando a los gobernadores frente a un escenario de creciente asfixia financiera.
El malestar de los gobernadores no responde solo a la disputa política, sino también a la evidencia de que el plan económico compromete la sustentabilidad de sus propias administraciones. El malestar de los gobernadores no responde solo a la disputa política, sino también a la evidencia de que el plan económico compromete la sustentabilidad de sus propias administraciones.
A este panorama económico se suma un factor político ineludible. La gestión de La Libertad Avanza se caracterizó desde su inicio por derribar puentes de diálogo con los mandatarios provinciales. Ahora, debilitado por los resonantes casos de corrupción como las coimas en la Andis o los vínculos de José Luis Espert con organizaciones narcos, la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y el creciente deterioro de la economía, el gobierno nacional parece advertir tardíamente la necesidad de recomponer relaciones con las provincias. Pero el malestar de los gobernadores no responde solo a la disputa política, sino también a la evidencia de que el esquema económico libertario compromete la sustentabilidad de sus propias administraciones.
Es difícil imaginar que ese vínculo se recomponga en lo inmediato, cuando faltan pocas semanas para las elecciones. Más complicado aún resultará después de los comicios si el oficialismo no produce cambios sustanciales, no solo en el rumbo económico, sino también en el restablecimiento de los canales de diálogo político. Ambas condiciones, sin embargo, parecen incompatibles con el ADN de un gobierno que ha hecho de la confrontación un sello de identidad. En ese contraste entre la necesidad y la imposibilidad se juega buena parte del futuro del vínculo entre Nación y provincias.
