Mientras la Justicia calificó el operativo como "pacífico", las familias denunciaron destrucción de viviendas.
Durante la mañana de ayer se llevó a cabo un operativo de desalojo en un predio de la localidad de Santa Rosa, departamento Valle Viejo, ordenado por la Justicia y ejecutado por la Unidad Judicial N°10 con apoyo de diversas áreas del Estado provincial. El procedimiento, que se desarrolló a partir de las 7:00, involucró a efectivos policiales, Defensa Civil, SAME, la Secretaría de Familia y EC SAPEM, entre otros organismos.
Según informó a este medio el comisario Diego Romero, a cargo de Relaciones Institucionales de la Policía de la provincia, el operativo buscaba desalojar a aproximadamente 60 familias que se encontraban asentadas en el lugar desde hacía unos ocho meses.
Romero destacó que el procedimiento se desarrolló "sin incidentes" y con "colaboración de los ocupantes", quienes retiraron sus pertenencias de manera pacífica. Las calles aledañas permanecieron cortadas por seguridad.
La investigación judicial se había iniciado a fines de mayo, tras denuncias por ocupaciones en terrenos deshabitados cercanos al barrio Tabacalero.
Los relevamientos confirmaron que los lotes pertenecen al Estado provincial y a propietarios privados, y que no existían construcciones previas. La fiscal de Instrucción N°7, Paola González Pinto, solicitó el desalojo al juez de Control de Garantías N°4, Marcelo Sago, en el marco de una causa por "usurpación por despojo mediante violencia, en calidad de coautores".
Horas después del operativo, un grupo de familias desalojadas se concentró frente al CAPE para exigir una solución habitacional. Los manifestantes denunciaron que durante el desalojo fueron destruidas las viviendas precarias que habían construido y que parte de sus pertenencias fueron quemadas, impidiéndoles recuperarlas. Según su versión, en el asentamiento llegaron a vivir alrededor de 300 familias, de las cuales unas 80 permanecen actualmente sin asistencia.
Si bien la Justicia y las fuerzas de seguridad emitieron un comunicado en el que destacaron el carácter pacífico y coordinado del operativo, dirigentes políticos y organizaciones sociales expresaron su rechazo al procedimiento. En un comunicado, el Partido Obrero y el FIT-U calificaron el desalojo como "represivo" y responsabilizaron al Estado provincial y nacional por la falta de políticas habitacionales serias. Asimismo, propusieron la creación de un banco de tierras ociosas y un plan de obras públicas para reactivar la construcción de viviendas.
En ese contexto, Pedro Saracho, referente del Partido Obrero, explicó a El Ancasti la postura de la organización frente a la crisis: "Nosotros entendemos que el problema habitacional en Catamarca y en todo el país es producto de una falta de políticas serias de tenencia de la tierra y de la construcción de viviendas, porque tenemos una población tremendamente empobrecida, mucho más desde el gobierno de Milei para esta parte. Está empobrecido nuestro salario y es muy difícil conseguir los recursos necesarios para comprar un terreno o construir una vivienda".
Saracho agregó que, desde su perspectiva, es necesario discutir la existencia de tierras ociosas en la provincia y conformar un banco de tierras que permita el acceso a familias excluidas de los planes de viviendas oficiales. Anunció, además, que su organización trabajará en la articulación barrial para reclamos unificados por vivienda, trabajo y alimentos.
Por su parte, los dirigentes de izquierda Bruno Corzo, Lucía Coronel y Dayana Yapura calificaron como “brutal” el operativo de desalojo llevado a cabo ayer en Santa Rosa, Valle Viejo.
En un comunicado emitido pasado el mediodía, los referentes de Política Obrera expresaron su repudio al accionar conjunto de la Justicia, Infantería, Policía, Bomberos y Defensa Civil, entre otros organismos.
“Las familias, en su mayoría compuestas por mujeres con niños muy pequeños, denunciaron que la policía desarmó todas las viviendas precarias que habían construido y que no les dejaron sacar sus pertenencias quemando todo para que no regresen al lugar”, afirmaron en el texto.
Los dirigentes señalaron que cerca de 250 familias habitaban el predio ubicado en el barrio Tabacalero, lo que a su juicio refleja “la gran crisis habitacional” que atraviesa la provincia. Asimismo, responsabilizaron al Estado por no garantizar “ninguna medida de contención” para las personas afectadas.
"Denunciamos la responsabilidad del Estado frente a la crisis habitacional que sufren las familias catamarqueñas, que ante el desalojo no ha garantizado ninguna medida de contención para las familias afectadas, solo las ha dejado en la calle. La falta de obras públicas, la falta de empleo y la precarización de las familias obreras ha llevado a que el acceso a un alquiler sea tortuoso, más aún la posibilidad de un techo propio", expresaron.
Frente a este escenario, plantearon la necesidad de un “censo de viviendas y terrenos ociosos” y la puesta en marcha de “un plan de construcción de viviendas para las familias que lo necesitan que no superen el 10% de los ingresos de los trabajadores”.
