sábado 25 de mayo de 2024
Editorial

Un camino de no retorno

Las absurdas declaraciones del diputado libertario Alberto Benegas Lynch lograron, como efecto no deseado...

Las absurdas declaraciones del diputado libertario Alberto Benegas Lynch lograron, como efecto no deseado por el legislador, visibilizar el flagelo social del trabajo infantil. El legislador dijo, como se recordará, que “libertad es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller, puedas hacerlo”.

La persistencia del trabajo infantil encuentra como una de las causas principales la naturalización de la práctica. Benegas Lynch no hizo sino reforzar esa naturalización, pero sus palabras fueron tan brutales que logró que se hablase del tema desde una perspectiva muy crítica. Lo cuestionaron incluso desde el gobierno nacional.

El trabajo infantil, que predomina en vastos sectores de extrema vulnerabilidad, despoja a los chicos del derecho a la educación y los somete a actividades que no se corresponden con su edad. Los niños deben crecer educándose y jugando. Pero es, además, un delito penal contemplado en el artículo 148 bis del Código respectivo. Además, la Argentina ha ratificado el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, a través del cual los Estados nacionales se comprometen a abolirlo. En el mismo sentido, hay que decir que el derecho a la Educación, del cual reniega Benegas Lynch, está establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el país.

Argentina, aun con todos los problemas que restringen su desarrollo, es un país civilizado que ha saldado debates antiguos y ha producido abundante legislación inclusiva en materia de derechos. En este contexto las declaraciones de un legislador justificando la explotación de menores, muchas veces sometidos a la trata de personas, es de una gravedad inaudita. La libertad es un bien preciado, pero en la medida en que respete las normas vigentes y el bienestar de todas las personas, sobre todos si son menores.

Las estadísticas proporcionadas por el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina indican que en la Argentina, aun cuando el trabajo infantil está prohibido, 1,3 millones de niños, niñas y adolescentes realizan tareas de índole laboral, lo que representa casi el 15 por ciento de ese grupo etario. El sector agropecuario y los talleres textiles clandestinos son los ámbitos en los que más casos de trabajo infantil se registran.

Un alto porcentaje, particularmente niñas y adolescentes mujeres, realiza tareas domésticas intensivas, como lavar, limpiar, planchar, cocinar o cuidar personas.

La vinculación del trabajo infantil y el menoscabo al derecho a la educación es fácilmente verificable a través de las estadísticas: según el Observatorio de la UCA, 4 de cada 10 niñas, niños o adolescentes que trabajan tienen déficit educativo.

El camino hacia la inclusión de derechos y el repudio a prácticas detestables, antes naturalizadas y hasta justificadas, debe ser de no retorno.

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