lunes 23 de enero de 2023

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Cara y Cruz

Traspié judicial

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La confusión que rodea la muerte del exministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas abrió espacio para que la oposición cargue sobre el Gobierno por la conformación del Poder Judicial y se multipliquen especulaciones que proyectan los móviles del crimen al terreno político y sindical.

Han transcurrido solo cuatro días desde el hallazgo del cuerpo de “Rojitas” y la Justicia se mueve detrás de varias pistas. Anoche fue arrestada la empleada del dirigente.

Es, ciertamente, poco tiempo para exigir certezas, pero el embrión de la polémica se implantó el domingo que fue descubierto el cadáver, al mediodía, cuando fuentes judiciales, debido a que no había indicios de violencia en la casa del occiso, dijeron que se trataba de una muerte por causas naturales.

Antes de la medianoche comenzaron circular las dudas y el lunes por la mañana el gastronómico Luis Barrionuevo tiró la bomba: “A Rojitas lo mataron, no me cabe ninguna duda”.

Sus palabras fueron recibidas primero con incredulidad, pero quedó la impresión de que fue gracias a ellas que se ordenó practicar una segunda autopsia, que finalmente confirmó la hipótesis: asesinato.

Las miradas se centraron entonces en el fiscal Laureano Palacios, recientemente designado. Se trata de un joven con experiencia nula en el Poder Judicial, que concurrió a la escena del crimen acompañado por el fiscal General, Alejandro Dalla Lasta.

Los acontecimientos los superaron.

En perspectiva, era la muerte inesperada de un ministro. Es decir: una de las 20 autoridades principales del Poder Ejecutivo.

Esa sola particularidad debería haber bastado para abstenerse de cualquier tipo de comentario hasta no tener absoluta seguridad sobre el cuadro que se enfrentaba, o bien ser explícito en advertir sobre la conveniencia de aguardar el resultado de la autopsia para recién empezar con las conjeturas. No solo porque “Rojitas” merecía las consideraciones de cualquier difunto, sino y sobre todo, por lo que representaba en términos políticos: un funcionario de primera línea, a cargo de una cartera central como es Desarrollo Social y, por añadidura, titular del sindicato de gastronómicos local.

Palacios explicó, luego de que una segunda autopsia confirmó el crimen, que recién había recibido el informe de la primera al mediodía de ese lunes, 24 horas después del hallazgo y que, como no eran concluyentes, ordenó otra.

Sin embargo, la fractura occipital estaba desde el principio y se la atribuyó al golpe de la caída. Fue Barrionuevo, seguramente con alguna información, quien señaló que la lesión era inconsistente con la posición en que estaba el cuerpo. ¿Cómo es que Barrionuevo se dio cuenta de esto y el fiscal no? El gastronómico la deslizó incluso antes de que Palacios recibiera el informe de la primera autopsia.

Ante el desliz y para prevenir la segura reacción opositora, se decidió asignarle dos fiscales colaboradores y acelerar las pesquisas. Ya hay una arrestada, pero la sombra de la sospecha comenzó a ser tendida y hay una marcha para pedir justicia convocada para el lunes que viene.

Cualquiera sea el desenlace de la investigación, hubo que esperar un día y medio para establecer que un ministro había sido asesinado. El detalle pone en cuestión la competencia del sistema judicial, cuyos dispositivos de configuración han sido reformados y en el que cunden las designaciones a dedo.

Hay, de tal modo, responsabilidades políticas. No se podía pretender que Palacios asumiera un caso de tamaño potencial polémico con la serenidad de un veterano, porque no hizo la carrera judicial. Si la hubiera hecho, acumulando experiencia, tal vez su actuación habría sido distinta.

Son contingencias que no tiene que evaluar él, sino quienes lo encumbraron para cumplir vaya a saberse qué compromisos. Debut ingrato. Para la próxima estará más curtido.n

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