Luego de que el exintendente de Bañado de Ovanta, Elpidio Guaraz declarara ante la Justicia tras acusar en redes sociales que el gobernador Raúl Jalil, la exgobernadora Lucía Corpacci y el vicegobernador Rubén Dusso dieron la orden de encubrir el asesinato de Juan Carlos Rojas, el fiscal de Instrucción N°5, Hugo Costilla, dispuso la conformación de una comisión especial de investigadores para revisar registros en todas las Unidades Judiciales y Comisarías de Capital y Valle Viejo.
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Tras la declaración de Guaraz, Costilla ordenó nuevas medidas en la causa
El funcionario conformó una comisión especial que buscará registros de cámaras de seguridad que podrían haberse perdido los días cercanos a la muerte del exministro.
El exintendente de Bañado de Ovanta, condenado a nueve años de prisión por abuso sexual y privación ilegítima de la libertad, había afirmado que estuvo presente en la oficina de Dusso cuando supuestamente se dio la orden al fiscal Laureano Palacios para que la muerte del exministro pasara como muerte natural. Sin embargo, según pudo establecer este diario, en su declaración de dos horas ante Costilla, Guaraz no pudo aportar precisiones ni pruebas concretas sobre sus acusaciones.
Ahora, tres años y dos meses después de la muerte del exministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas, el fiscal arma una comisión para buscar registros de cámaras de seguridad que pudieron haberse perdido o no preservarse adecuadamente durante los días críticos de la investigación.
En el instrumento dado a conocer, Costilla sostiene que es "imperativo" para el avance de la causa "extremar todos los recaudos investigativos tendientes a subsanar las deficiencias oportunamente constatadas en la preservación de los registros de cámaras de seguridad durante el período crítico para la causa".
El fiscal fundamenta la decisión en un informe elaborado por el Director de la Policía Judicial del 11 de noviembre de 2025, que detectó "particularidades en las deficientes preservaciones realizadas por el SAE-911". Por ello, considera "indispensable realizar un relevamiento exhaustivo y directo sobre cualquier actuación judicial o policial donde se haya ordenado la preservación o se haya recibido el aporte voluntario de material fílmico, ya sea de fuentes públicas (SAE 911, Centros de Monitoreo, Nosocomios) o privadas".
Para esta tarea, Costilla designó a cuatro investigadores judiciales: Sebastián Andrés Herrera (Jefe de Servicio), Eduardo Andrés Solohaga (Sumariante Mayor), Juan Pablo Seco Agüero (Sumariante Judicial) y Hernán Ramón Villacorta. Estos agentes quedaron "plenamente facultados" para comparecer en las once Unidades de Investigaciones Judiciales de la Primera Circunscripción, las dos Unidades de Violencia de Género de Capital y Valle Viejo, la totalidad de las Comisarías Seccionales de ambos departamentos y la División Informática de la Policía Provincial.
De acuerdo a la orden de Costilla, el período bajo la lupa es crítico: del viernes 2 al miércoles 7 de diciembre de 2022, es decir, los días inmediatamente anteriores y posteriores a la muerte de Rojas, ocurrida el sábado 3 de diciembre de 2022. El objetivo es "identificar toda actuación en la que medie orden de preservación o aporte de registros de cámaras de seguridad que capten circulación de vehículos o transeúntes".
El decreto advierte a los titulares de las dependencias que deberán "arbitrar los medios necesarios para facilitar el acceso del equipo de investigadores a partir del día de la fecha y por el tiempo que demande la culminación de la medida, bajo apercibimiento de ley en caso de reticencia u obstrucción".
La muerte de Rojas ocurrió el 3 de diciembre de 2022, cuando el exministro fue hallado muerto en su domicilio con 28 lesiones en el cuerpo. Inicialmente estuvo a cargo del fiscal Laureano Palacios, pero en 2023 fue apartado de la investigación. Desde entonces, la causa quedó en manos de Costilla.
Sin novedades del Ateneo Interdisciplinario
El ateneo interdisciplinario que debía realizarse durante el primer trimestre de este año para unificar criterios sobre la causa de muerte del exministro aún no se ha concretado, pese a que ya arrancó febrero. Esta junta estaba programada para realizarse en el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba con participación del Cuerpo Interdisciplinario Forense de Catamarca, el Equipo Forense del Ministerio Público de Córdoba, la Policía Federal, especialistas de la Corte Suprema de Justicia y los peritos de parte de la familia Rojas Infobae.
El objetivo es que entre todos los profesionales puedan definir de manera unificada la causa de muerte, revisando todas las pericias y comparando los criterios para elaborar un informe final "con un único concepto médico-legal".
Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la nueva fecha para este encuentro que es clave en la investigación del crimen ocurrido el 3 de diciembre de 2022.