La Corte de Justicia de Catamarca confirmó la condena de nueve años de prisión para el jefe comunal Elpidio Guaraz. Mantiene la libertad hasta que el fallo quede firme.
Segunda violencia. Cuestionar a la denunciante de violencia sexual.
Luego de confirmarse, por unanimidad, la condena de nueve años de prisión para el ex intendente de Bañado de Ovanta, Santa Rosa, Elpidio Guaraz, la noticia causó revuelo en la red social de Facebook. Tales reacciones evidencian una problemática que trasciende el ámbito judicial: la revictimización de quienes se atreven a denunciar.
En septiembre del año pasado, la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Primera Nominación declaró culpable a Guaraz por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal” y “privación ilegítima de la libertad” y lo condenó a la pena de nueve años de prisión. No obstante, mantiene la libertad hasta que la sentencia quede firme.
A principios de este mes, la Sala Penal de la Corte de Justicia, también por unanimidad, confirmó la condena impuesta. La Sala Penal valoró que la Cámara de Sentencia aplicó perspectiva de género para analizar el contexto de vulnerabilidad de la víctima. A la vez, se remarcó que la falta de un patrón de reacción predecible en las víctimas de abuso sexual no resta credibilidad a su relato. Respecto a los testigos que dudaban de la víctima, la Sala Penal consideró que los magistrados de Cámara fundamentaron adecuadamente por qué otorgaron preeminencia al testimonio de la denunciante.
A la vez, se destacó en su resolución "la credibilidad del relato de la víctima" y confirmó que la valoración de las pruebas se efectuó respetando "los principios constitucionales y convencionales sobre protección de derechos de las mujeres". Esta ratificación judicial no es menor: representa el reconocimiento institucional del dolor y la vulneración sufrida por la denunciante.
Tras el posteo, los comentarios tenían distintos tonos. Algunos estaban a favor de la denunciante y pedían una pena más dura. Otros cuestionaban a la denunciante. Entre estos, se encontró el comentario de la hermana de Guaraz, Ester. “Esa mentirosa mal nacida va pagar el daño que hizo, y todos los cómplices porque son varios los malditos que la ayudaron la usaron para bajarlo de la política sin importar que tenía una madre que hoy ya no está se fue con un dolor en su corazón, su hija sus hermanos sobrinos tíos primos, toda una familia destruida, te digo a vos y todos los que te usaron para llegar esto, Dios me va hacer ver cuando te llega la hora vas a derramar lágrimas de sangre te va pegar dónde más te duela, no tienes perdón de Dios mentirosa, atorranta, trepadora... sic”, expresó.
La publicación de la noticia en redes sociales generó una especie de efecto dominó: la segunda violencia, el linchamiento digital. La confirmación de la condena puso en evidencia algo igualmente preocupante: la violencia que se ejerce contra las víctimas en el espacio público, particularmente en redes sociales. Estos comentarios revelan patrones de revictimización. Las reacciones van desde la negación total de los hechos hasta ataques directos contra la credibilidad y la moral de la denunciante. Se la acusa de "mentirosa", se cuestiona su palabra pese a que varias instancias judiciales la han validado. La denunciante no solo enfrentó a su agresor, sino que lo hizo contra alguien que ostentaba poder político en su comunidad. Hubo una asimetría de poder -un hombre adulto de más de 50 años en posición de autoridad frente a una adolescente-, pero que en el discurso social aún está naturalizado.
Estos ataques envían un mensaje perverso a otras víctimas potenciales: denunciar no solo implica enfrentar el proceso judicial, sino también exponerse al escrutinio público, al cuestionamiento de la propia palabra y a la responsabilización por las consecuencias que la denuncia pueda tener en el entorno del agresor. Sin embargo, el eco del “yo te creo”, es más fuerte y retumba con fuerza para ayudar a las víctimas a romper el silencio y denunciar.
