Elecciones 2025 || Repercusiones por la cautelar de las pensiones
Juárez: "No dudo de la buena fe, pero con esto convalidan a los gerentes de la pobreza"
La titular de la Regional de ANSES y candidata a diputada nacional por LLA, Myrian Juárez, dijo que ANDIS acatará el fallo pero igualmente apelará la instancia judicial.
Postura. La candidata libertaria Myrian Juárez consideró que el fallo podría traer "un problema superior".
Tras el fallo del juez federal nº2 de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, la titular de la Regional de NOA de ANSES, Myrian Juárez, lamentó que el alcance de la cautelar pueda tener un impacto negativo, al señalar que muchas de las pensiones no contributivas que se suspendieron habían sido correctamente justificadas. De igual modo, reconoció que "hubo inconsistencias" en el proceso, pero destacó que gracias a las auditorías se conocieron miles de casos de irregularidades ya subsanadas. "No dudo de la buena fe del juez, pero haber generalizado creo que nos va a traer un problema superior", sostuvo.
La candidata a diputada nacional remarcó, además, que desde el 1 de septiembre están restituyendo las pensiones "a los discapacitados reales que habían acreditado su patología" y que ese proceso es independiente del fallo conocido este fin de semana.
"El juez con esta manda le solicita a la ANDIS la suspensión de las auditorías y que se restituya el pago. Aduce que hubo inconsistencias en las notificaciones que no le permitieron a la gente ejercer su derecho de defensa. Hubo inconsistencias, no lo vamos a negar, hubo errores, la gente no se encontró con la carta. Pero hay otras cosas importantes para tener en cuenta", atajó Juárez, en declaraciones periodísticas.
"La ley menciona entre los requisitos para acceder a este beneficio tener una patología invalidante laboral y la vulnerabilidad social. A su vez, en el decreto reglamentario se establecen las razones para suspender el beneficio. El organismo siempre se ajustó a derecho. Se descubrió que cobraba gente fallecida o que está presa. Hay gente que vino por su cuenta a renunciar, que reconoció que no podía probar su discapacidad. ¿Por qué no lo pueden probar? Porque mucho tiempo esto se utilizó como herramienta electoral. El sistema está desfinanciado por la mala práctica política. Hoy el sistema está desfinanciado porque hubo quienes no podían dar empleo y daban pensiones. Lo malversaron, los fondos no fueron donde debieron ir", explicó la gerenta regional de ANSES y reparó en que "hay lugares en los que, en promedio, de cada diez personas hubo seis o siete que no probaron la discapacidad".
"Lo que me preocupa del fallo es que se suspenden las auditorías y se restituye el haber a todos. Además como se inscribe como una acción colectiva, que podría aplicarse en toda la Argentina. El juez tuvo, de buena fe, la intención de proteger a los vulnerables. No dudo de eso. Pero el problema es mucho más complejo", lamentó la funcionaria.
Para Juárez, el fallo "termina siento una 'curita' para una herida sangrante de muchos años, porque los recursos no están donde deben y porque volvemos a convalidar a los gestores de la pobreza que dan lo que no es de ellos y lo dan irresponsablemente". "Haber generalizado nos va a llevar a un problema superior", advirtió. Igualmente, aclaró que la Agencia Nacional de Discapacidad va a cumplir con la sentencia, pero que seguirá las instancias judiciales que correspondan.
Diputados
Tras el pedido de los diputados provinciales del oficialismo, el juez Díaz Martínez hizo lugar parcialmente a la medida cautelar que presentaron y dejó comprendidos a los particulares damnificados en la sentencia dictada en la causa iniciada por el Defensor del Pueblo. De esta manera, la resolución judicial que se conoció el domingo se hizo extensiva también a los adherentes de la presentación realizada por los diputados provinciales de Unión por la Patria-Frente de Todos, con el patrocino del abogado Carlos Hernán Vera, que iniciaron el reclamo ante la Justicia Federal de Catamarca incluso antes que la Defensoría del Pueblo.
"Hay que estar atentos porque el Gobierno Nacional, en su política de motosierra, va a intentar seguir vulnerando los derechos de los que menos pueden y tienen. Sin embargo, esta medida da tiempo al colectivo de discapacidad para que puedan reunir toda la documentación que acredite su condición de sujetos de pensiones", consideraron.
El fallo de Díaz Martínez respaldó los fundamentos del fiscal Santos Reynoso, quien convalidó la presentación de la presidenta de APYFADIM, Griselda Bazán, y otras seis personas, todas ellas patrocinadas por el defensor del pueblo, Dalmacio Mera. Ordenó restituir las pensiones suspendidas, acreditar los haberes retenidos y que ANDIS se abstuviera de continuar con las auditorías.
