La acelerada expansión de las tecnologías de vigilancia estatal constituye uno de los desafíos más delicados que enfrentan hoy las democracias contemporáneas. Bajo la promesa de una mayor eficiencia en materia de seguridad, prevención del delito o control migratorio, comienza a consolidarse en distintos países un entramado de herramientas capaces de recolectar, cruzar y analizar enormes volúmenes de datos personales con una profundidad inédita. El problema ya no reside únicamente en la existencia de esas tecnologías, sino en la ausencia de límites institucionales claros, controles democráticos eficaces y garantías suficientes para impedir que terminen erosionando libertades fundamentales.
La advertencia formulada por Amnistía Internacional Argentina respecto de la posible vinculación del Gobierno nacional con la empresa Palantir Technologies merece, en este contexto, una atención seria, porque lo que está en discusión no es solamente la contratación de una compañía tecnológica, sino la eventual adopción de un modelo de vigilancia masiva que podría alterar profundamente la relación entre el Estado y los ciudadanos.
El dato adquiere mayor gravedad por el perfil político e intelectual de Peter Thiel, figura central de Silicon Valley y principal impulsor de Palantir. Lejos de representar al típico empresario innovador asociado al progreso tecnológico, Thiel ha desarrollado a lo largo de los años una concepción abiertamente crítica de la democracia liberal. Sus postulados sostienen que las mayorías democráticas se han vuelto incompatibles con el capitalismo y que las decisiones estratégicas deberían quedar en manos de élites tecnocráticas antes que de la deliberación ciudadana.
La historia ofrece suficientes ejemplos acerca de cómo tecnologías justificadas en nombre de la seguridad terminan siendo utilizadas para el disciplinamiento político. La historia ofrece suficientes ejemplos acerca de cómo tecnologías justificadas en nombre de la seguridad terminan siendo utilizadas para el disciplinamiento político.
En la Argentina, lo que predomina hasta ahora es la opacidad. Los pedidos de acceso a la información pública formulados por Amnistía Internacional para conocer el alcance de eventuales reuniones o acuerdos con Palantir no han recibido respuestas satisfactorias. Esa falta de claridad constituye, precisamente, uno de los principales factores de riesgo
La historia contemporánea ofrece suficientes ejemplos acerca de cómo tecnologías inicialmente justificadas en nombre de la seguridad terminan siendo utilizadas para el disciplinamiento político, la persecución ideológica o la discriminación selectiva. Por esa razón, las recomendaciones formuladas por Amnistía Internacional resultan razonables. La primera condición debe ser la transparencia absoluta. Asimismo, ninguna implementación de este tipo debería avanzar sin evaluaciones previas de impacto sobre derechos humanos, auditorías técnicas independientes y mecanismos efectivos de control judicial y parlamentario.
También el Congreso debe asumir un rol activo. La actualización de la legislación sobre protección de datos personales y la regulación específica del uso estatal de sistemas de inteligencia artificial y vigilancia no admiten postergaciones. La incorporación de estas herramientas no puede quedar librada exclusivamente a decisiones administrativas del Poder Ejecutivo ni a acuerdos reservados con corporaciones tecnológicas extranjeras.
