Debate. La elevación de la base imponible de ganancias se empezará a discutir en la Cámara de Diputados.
15 de septiembre de 2023 - 01:15
Es curioso que la oposición no aproveche que el Gobierno se abstiene de cuestionar el impacto que tendrá sobre la coparticipación federal la reducción de los ingresos por impuesto a las Ganancias y la devolución del IVA para tomar la bandera de defensa de los intereses de la provincia. Las objeciones a las medidas tomadas por el ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa se circunscriben a su carácter demagógico, sin profundizar en que le hace compartir a todas las provincias el costo fiscal que demanda su campaña. Solo el diputado nacional “lilito” Rubén Manzi aludió al detalle, y no es candidato a nada porque perdió la candidatura a gobernador de Juntos por el Cambio en las PASO contra el senador nacional Flavio Fama.
Podría suponerse que Fama, el diputado nacional Francisco Monti, candidato a intendente de la Capital, y el resto del elenco opositor temen que referirse al tema les acarree perjuicios electorales entre los beneficiarios de los beneficios impositivos. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia les ofreció anticipadamente en bandeja la salida argumental en 2019, cuando consideró que el costo fiscal de la reducción de Ganancias y el IVA debía ser íntegramente asumido por la Nación. Fue, como se consignó en este mismo espacio editorial ayer, en el fallo a favor del reclamo de las provincias por decisiones que había tomado unilateralmente el entonces presidente Mauricio Macri después de perder las PASO, como Massa, y buscaba mejorar sus chances para la primera vuelta de octubre disponiendo de la plata ajena, también como Massa, aunque en su caso buscara la reelección.
La oposición local podría plantear exactamente eso: que sea la Casa Rosada la que se haga cargo exclusivamente de financiar la ocurrencia de Massa, en lugar de socializarla con las provincias.
Tampoco tendrían que inquietarse en exceso por incurrir en contradicciones.
Macri es líder del PRO y en 2019 había perfeccionado el destrato al que sometía a la UCR con la selección como compañero de fórmula de Miguel Pichetto, que es peronista. En la oferta electoral de la terminal catamarqueña de Juntos, los referentes del macrismo son solo dos: la diputada Natalia Saseta y el exdiputado Carlos Molina. El inmenso resto es radical, de manera que no debería haber demasiados problemas en meter el tema en la agenda de campaña para, de paso, enrostrarle al Gobierno que, por disciplina partidaria, no salga a defender el erario provincial de los sablazos metropolitanos.
No se entiende por qué no lo hacen. Será que las dependencias, emocionales o de otro tipo, resultan difíciles de superar. O tal vez los reflejos andan lentos.
Tampoco los libertarios han dicho una palabra sobre el asunto, pero es más lógico: de entrada nomás admiten que sus méritos tuvieron incidencia prácticamente nula en el desempeño que tuvieron en las PASO, que obedeció exclusivamente al arrastre de Javier Milei. Y como Javier Milei estima que es necesario terminar con el régimen de coparticipación, mientras menos presencia tenga el tema en la campaña mejor para ellos. Más o menos como ocurre con las consideraciones que tiene el libertario sobre el Papa.
En cualquier caso, emerge la fragilidad de las líneas defensivas de la provincia: sea por acatamiento a la estrategia electoral diseñada en el AMBA, temor a incomodar a Macri o distracción, se elude un aspecto medular de la discusión, vinculado a ingresos de giro automático que le pertenecen a Catamarca. Es preciso enfatizar en esto, porque los criterios federales se han distorsionado tanto que podría considerarse que la coparticipación es una concesión del poder nacional que debe agradecerse como otras asignaciones de recursos.
La discusión sobre Ganancias comenzará a darse en el Congreso la semana que viene. Tal vez allí se incorporen al debate el tema de los derechos provinciales, que hasta ahora está ausente.
