La designación del perito intérprete es necesaria para garantizar derechos y el debido proceso. A tal fin se habría pedido colaboración a la Empresa Litífera Liex.
Debido proceso. La designación del perito intérprete es fundamental para avanzar con la causa.
La indagatoria de Huang Sencai, el ciudadano de nacionalidad china denunciado por un hecho de violencia sexual, fue postergada. La audiencia estaba prevista para ayer pero será reprogramada para la próxima semana. De acuerdo con información a la que pudo acceder El Ancasti, aún no se habría designado perito intérprete.
Fuentes judiciales indicaron que el fiscal de la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en Tinogasta, Germán Quinteros, resolvió esta medida tras un pedido de prórroga del abogado defensor Horacio Macías. A la vez, se remarcó que para la indagatoria se contará con la presencia de un perito intérprete designado, a efectos de garantizar la asistencia en el proceso.
Al respecto, fuentes consultadas por este diario indicaron que desde el Ministerio Público se habría solicitado un traductor a la empresa Liex. El objetivo sería que este profesional pueda asumir como traductor. De esta manera, se podrá poner en conocimiento la denuncia al ciudadano chino Sencai y, a la vez, recibir la declaración indagatoria.
Los hechos de violencia sexual habrían sucedido el 30 de junio pasado en las instalaciones de la empresa litífera Zijin-Liex en Fiambalá, Tinogasta. La denunciante, que se desempeñaba como empleada de limpieza, fue presuntamente agredida por Sencai, quien ejerce como jefe de Equipo y Energía en la litífera.
Según la denuncia, la trabajadora intentó defenderse de la agresión. El presunto agresor habría desistido y se retiró del lugar. La víctima sufrió una crisis nerviosa y fue asistida por sus supervisoras. La mujer fue enviada a su casa por un chofer de la empresa y sus compañeras notaron su ausencia. Además, la damnificada inmediatamente dio aviso sobre el ataque sexual a las supervisoras pero la respuesta tardó en llegar. La empleada esperó una respuesta institucional. Finalmente, el 7 de julio, se presentó en la comisaría de Fiambalá y denunció el hecho de violencia sexual en el ámbito laboral.
Al respecto, las fuentes judiciales señalaron que en el marco de la causa, la Fiscalía activó un protocolo de abuso sexual, dispuso medidas de protección para la víctima y ordenó pericias psicológicas, además de la intervención de áreas especializadas. Al mismo tiempo, se solicitó a la litífera los registros fílmicos y que informe los datos y modalidades de jornadas de trabajo de ambos involucrados. En tanto que la empresa habría proporcionado datos para identificar al denunciado e informado que el trabajador chino fue desvinculado y que habría salido del país para regresar a China. No obstante, se advirtió que el trabajador regresaría al país en tres meses.
El informe de Migraciones indicó que el denunciado viajó el 9 de julio. El 14 de julio, la Comisión Directiva de la empresa Liex SA emitió un comunicado. A través de este escrito se enfatizó que desde la firma se colabora "activamente con la Justicia", recopilando información y evidencia preliminar de lo sucedido, como así también ciertas medidas preventivas, como la "protección de la privacidad de la denunciante para evitar daños a su reputación" y la "suspensión preventiva del empleado involucrado y su traslado fuera de Fiambalá durante las investigaciones judiciales y administrativas, garantizando cero contacto con la denunciante".
Entre las medidas tomadas se realizaron las pericias psicológicas a la denunciante en el Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF). Las mismas fuentes judiciales señalaron que el informe pertinente confirmó que la mujer sufrió un “grave daño en su salud mental, con síntomas compatibles con estrés postraumático y depresión”. También se tomaron testimonios y se visualizaron las cámaras.
De acuerdo con información a la que pudo acceder este diario, las supervisoras habrían testificado que no vieron “mal” a la denunciante. No obstante, otros testimonios y la misma pericia psicológica da cuenta de que estaría afectada por el ultraje. Los registros fílmicos también apoyarían los dichos de la denunciante.
El artículo 8 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos establece las garantías judiciales. Entre otras cuestiones, se establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las garantías mínimas. Algunas de éstas son el derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal y derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.
En tanto que las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad garantiza el uso de intérprete cuando el extranjero que no conozca la lengua o lenguas oficiales ni, en su caso, la lengua oficial propia de la comunidad, hubiese de ser interrogado o prestar alguna declaración, o cuando fuere preciso darle a conocer personalmente alguna resolución.
